Ex alcalde 'Greg' Sánchez, 18 meses bajo la lupa de la justicia mexicana
El ex alcalde y ex candidato a gobernador del estado de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, ha estado en la mira de la fiscalía general del país desde hace 18 meses por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Conocido popularmente como Greg Sánchez, el político y empresario enfrenta una nueva investigación federal por presuntamente lavar dinero del narcotráfico, delito que la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo sostener en un primer proceso penal.
El ex alcalde de Benito Juárez, municipio donde se ubica la turística ciudad de Cancún, permanece desde el pasado sábado en calidad de presentado ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
La defensa del político dijo a CNNMéxico que fue detenido por un grupo de 40 agentes federales la mañana del sábado, cuando abandonó el penal federal de Tepic, Nayarit, donde había permanecido desde el 26 de mayo de 2010.
Apenas la noche del pasado viernes, un tribunal unitario ordenó su liberación , tras revocar la formal prisión por la que el juez Segundo de Distrito en Nayarit lo mantenía sujeto a juicio desde junio de 2010, por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La primera acusación
Greg Sánchez fue aprehendido la noche del 25 de mayo del año pasado en el aeropuerto internacional de Cancún, luego que la PGR obtuvo del juez Segundo de Distrito una orden por sus presuntos nexos con las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
El político había solicitado licencia al cargo de alcalde de Benito Juárez y estaba en campaña para las elecciones a gobernador de Quintana Roo, como candidato de la coalición de los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia.
Registrada a 40 días de distancia de la elección, fue la primera ocasión en la historia en que un candidato a gobernador era detenido en campaña electoral por supuestos vínculos con el crimen organizado.
Originario de Tecpan de Galeana, Chiapas, y actualmente de 48 años, Sánchez Martínez es un empresario maderero e inmobiliario que asentó sus negocios en Quintana Roo, y que desde 2006 se involucró en política, primero como aspirante a senador.
La PGR inició en enero de 2010 una investigación en su contra tras recibir una denuncia anónima que lo incriminaba en actividades ilícitas.
La fiscalía robusteció su expediente con una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la cual detectó operaciones bancarias del político que no correspondían con sus ingresos, y con las declaraciones ministeriales de 2 testigos protegidos y un integrante de Los Zetas detenido.
Entre las acusaciones de los testigos protegidos había imputaciones de que Sánchez Martínez recibía dinero de Los Zetas para proteger el tráfico de indocumentados y lavaba ganancias de los Beltrán Leyva por tráfico de drogas.
La entonces defensa del político aseguró que los señalamientos de los testigos protegidos eran irreales y carecían de sustento. El día de su detención, el entonces líder nacional del PRD, Jesús Ortega, pidió a la PGR no politizar la investigación como había ocurrido un año antes en Michoacán, en el caso conocido como el Michoacanazo.
Ante las críticas del PRD, en septiembre de 2010, el entonces procurador Arturo Chávez Chávez defendió la acusación en contra del político, señalando que tenían elementos contundentes que evidenciaban una disparidad entre sus declaraciones patrimoniales y sus cuentas bancarias.
No obstante, el magistrado del tribunal unitario absolvió al ex alcalde el pasado viernes porque no se acreditaron las imputaciones de la PGR en su contra, sostuvieron en entrevista telefónica sus abogados Alejandro Pascal Cabral y Guillermo Cabral Ballesteros.
La nueva acusación
El 30 de junio, la SIEDO inició una nueva averiguación previa en contra de Sánchez Martínez por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2005 para el cártel de Sinaloa, indicó su defensa.
Sus abogados calificaron como extraño que la fiscalía abriera una investigación 15 días antes de que se emitiera el fallo judicial a favor del ex alcalde preso.
“Suponemos que la PGR nunca supuso que obtuviéramos la resolución favorable y entonces creo que probablemente, no sé si filtro algún tipo de información o algo, que los hizo trabajar a marchas forzadas iniciando una averiguación previa”, dijo Pascal Cabral.
Hasta el momento, la PGR no ha emitido información oficial respecto a la nueva investigación por la que fue detenido el ex candidato tras obtener su libertad.
Los abogados previeron que esta nueva indagatoria tampoco será exitosa para la fiscalía, pues en esa época Sánchez Martínez fue investigado por el gobierno de Estados Unidos porque una empresa de la que era accionista brindó servicio al avión oficial del entonces presidente George Bush.
La empresa Servicios de Logística Aerportuaria (SEDLA), la cual atendía en tierra aeronaves, obtuvo el contrato para apoyar al avión Air Force One en el aeropuerto de Cancún en la visita al país que Bush hizo en 2006.
“Creo que si el gobierno de Estados Unidos confió la seguridad de su presidente a una empresa del ingeniero Gregorio Sánchez, pues saquen sus deducciones si existe la mínima posibilidad de que pudiera dedicarse a alguna acción ilícita, tuviera relación con algún cártel”, agregó.
Según la información del nuevo expediente al que la defensa ha accedido, los señalamientos contra el político son los mismos que la SIEDO utilizó en el juicio anterior con la inclusión de imputaciones de otros 2 testigos protegidos.
La situación jurídica de Sánchez Martínez podría determinarse en los próximos días, luego de que la fiscalía amplió hasta la noche del miércoles el plazo que tiene para mantenerlo retenido.
