La seguridad nacional debe ser una tarea integral, asegura el Ejército
El Ejército mexicano urgió a definir los cambios a la Ley de Seguridad Nacional para evitar que su presencia en las calles resulte en un mayor debilitamiento de la Fuerzas Armadas .
“(La seguridad nacional) no es una tarea sólo de las fuerzas armadas, las fuerzas armadas participan, ciertamente, pero es una tarea de carácter integral", aseguró este lunes el subsecretario de Defensa Nacional, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, durante su participación en el foro Importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática.
La seguridad pública es la que tutela la seguridad de los ciudadanos, la seguridad interior tutela la prevalencia de las instituciones y la seguridad exterior o defensa exterior lo hace con el Estado. La suma de todas hace posible la seguridad nacional, dijo Gaytán.
El general del Ejército mexicano aseguró que una de las principales fortalezas del combate al crimen organizado deben ser las operaciones de inteligencia.
La postura fue apoyada por Emilio Álvarez Icaza, uno de los principales activistas de derechos humanos en México.
El debilitamiento de las instituciones del Estado ante las acciones de los grupos criminales significa una verdadera amenaza para la estabilidad nacional, que no puede ser solucionada sólo por el Ejército, aseguró Álvarez Icaza.
“La incapacidad del Estado ofende, indigna y duele. Son cientos de desaparecidos que la procuración de justicia no tiene ni siquiera la capacidad para informar”, dijo.
Las denuncias de Álvarez Icaza y del Ejército ocurren días después de que la Suprema Corte acotó el fuero militar en acciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos , de manera que sean juzgados por tribunales civiles.
Las reformas legales contra el fuero militar ocurren en el contexto de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado, iniciada en 2006 bajo la administración del presidente Felipe Calderón, en la cual han muerto más de 34,000 personas y se han documentado abusos cometidos por miembros del Ejército y la Marina .
La falta de un trato digno hacia los militares y marinos puede acarrear también problemas a largo plazo, según Álvarez.
“¿Cómo cuidamos ahora a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo las cuidamos del mal uso que se está haciendo de ellas? ¿Como las cuidamos de sí mismas? ¿Y cómo las cuidamos de la amenaza real que tiene el mal funcionamiento de otras instituciones?”, cuestionó el activista.
“Nuestras fuerzas armadas no estaban ni logística, ni táctica ni doctrinariamente preparadas para la función que están desempeñando; hay una deuda presupuestal con nuestras fuerzas armadas, la manera en que los soldados están en los retenes o en otros lugares es de una absoluta indignidad, no podemos tratar así a quienes arriesgan su vida por protegernos”, dijo Álvarez Icaza.
La opinión fue compartida también por el presidente de la Cámara de Senadores, el priista Manlio Fabio Beltrones, quien aseguró que es fundamental blindar la tarea de los militares pero sin perder de vista que se deben respetar los derechos humanos.
“Nos hemos dado a la tarea de salir a combatir la delincuencia y al crimen organizado con todo el poder del Estado, pero sin haber dado los suficientes instrumentos y garantías a quienes salen a cumplir con este propósito y arriesgar su vida y el prestigio de las instituciones”, apuntó Beltrones.
La participación de las Fuerzas Armadas ha tenido un impacto fuerte en el combate al crimen organizado, consideró Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Bugarín indicó que de 2006 a 2010 se registraron 131,399 detenciones, casi el doble que en los dos sexenios anteriores. Dentro de estas detenciones se encuentran las de 21 capos de alto rango en las organizaciones criminales.
Sin embargo, la funcionaria reconoció que la procuración de justicia atraviesa por una crisis de credibilidad en México, debido a la falta de confianza que tiene la sociedad en el sistema judicial, y que obstaculiza las tareas de las distintas fiscalías.
“El Ministerio Público es el representante de la sociedad. Es muy difícil construir la investigación o llevar a cabo el trabajo de persecución de los delitos en una sociedad que cuestione la labor del Ministerio Público, cuya principal labor es representar el interés general de la sociedad”, afirmó Bugarín.
Aunque el avance en el combate al crimen organizado ha sido importante, aún falta mucho por hacer, aseguró en su intervención el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré.
Quizá la aprobación de la reforma política, que plantea la posibilidad de reelegir a alcaldes y legisladores de forma continua, pueda ser un mecanismo de combate al crimen, consideró el funcionario.
“Ante la debilidad institucional, nada mejor que el reclamo ciudadano, nada mejor que la participación de la sociedad, nada mejor que la exigencia de los grupos que están viviendo hoy día el drama del incremento de los crímenes y los delitos del fuero común para que sirvan como palanca para estas transformaciones institucionales”, aseguró ante los legisladores.
La Ley de Seguridad Nacional fortalece la posibilidad de que el combate a la delincuencia organizada sin lastimar los derechos humanos, aseguró el Guillermo Valdés, director del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN).
“Es una ley que hace compatible la tarea de la seguridad nacional con las garantías y los derechos individuales”, explicó.
Poiré y Valdés destacaron la labor del Poder Legislativo en la aprobación de diversas leyes que han dado más herramientas para el combate a la delincuencia organizada, como la de Extinción de Dominio, la Ley Antisecuestro o la Ley contra la Trata de Personas.
El foro Importancia de la seguridad nacional en el marco de una sociedad democrática fue organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional para discutir las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y se llevó a cabo en el Senado de la República.
