La justicia mexicana define la situación legal de Gregorio Sánchez
La fiscalía federal contra la delincuencia organizada define este miércoles la situación jurídica del político y empresario Gregorio Sánchez Martínez, dentro de la nueva investigación que le abrió por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
El ex candidato a gobernador de Quintana Roo permanece detenido desde el 16 de julio pasado en las instalaciones de la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México.
Un funcionario de la PGR que pidió el anonimato dijo a CNNMéxico que la intención de la SIEDO es que un juez federal conceda un arraigo en contra del también ex alcalde de Benito Juárez-Cancún, para continuar indagándolo.
Mediante la figura del arraigo, la fiscalía tendría la posibilidad de retener por 40 días más bajo su custodia al político, conocido como Greg Sánchez, para reunir pruebas en su contra.
Los otros dos escenarios que enfrenta el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRD) son que éste miércoles la SIEDO presente cargos en su contra ante un juez y sea enviado a un penal o que sea liberado.
Sus abogados, Alejandro Pascal Cabral y Guillermo Cabral Ballesteros, señalaron a CNNMéxico que presentaron dos escritos de prueba a su favor: uno que acredita que los ingresos del ex alcalde son lícitos y otro que contradice las imputaciones que vierten dos testigos protegidos sobre su presunta vinculación con el narcotráfico.
La defensa agregó que el plazo para que la fiscalía decida la situación jurídica vence a las 12:20 horas.
Ésta es la segunda ocasión que la SIEDO indaga a Sánchez Martínez por supuestos nexos con el crimen organizado.
El político obtuvo su libertad el 15 de julio , tras permanecer un año preso sujeto a juicio, acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La fiscalía no consiguió probar que Sánchez Martínez hubiera recibido dinero por parte de las organizaciones criminales de los Beltrán Leyva y Los Zetas para que operaran en Cancún cuando era su alcalde, por lo que un tribunal unitario ordenó su libertad.
Al día siguiente, cuando abandonó el penal federal de Tepic, Nayarit, agentes federales volvieron a detenerlo por la nueva indagatoria que la SIEDO inició el 30 de junio.
La fiscalía lo vincula ahora con operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes del cártel de Sinaloa, las cuales habría realizado en 2005, cuando se dedicaba a sus actividades empresariales y todavía no se enrolaba en las filas del PRD.
Tanto en la acusación que perdió como en la nueva, la SIEDO ha utilizado declaraciones de testigos protegidos y un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre los movimientos bancarios del ex alcalde para incriminarlo.
