140 funcionarios de la PGR son dados de baja por diferentes delitos
La Procuraduría General de la República (PGR) dio de baja de sus filas a 140 servidores públicos en tres meses por cometer faltas graves o delitos, los cuales van desde trabajar en estado de ebriedad hasta involucrarse en actividades de la delincuencia organizada.
Un reporte de la dependencia señala que 109 eran policías federales ministeriales; 27 agentes del Ministerio Público, y cuatro peritos.
En las sesiones del 4 de mayo y 5 de julio del 2011, el consejo de profesionalización de la PGR resolvió, separar de sus cargos a 130 servidores públicos por incumplir con requisitos de permanencia y a 10 más por incurrir en responsabilidades graves.
De los 130 servidores públicos que incumplieron con sus obligaciones como personal del servicio público de carrera, 74 fueron destituidos por reprobar sus evaluaciones de control de confianza y 29 por faltas injustificadas.
No obstante, 18 funcionarios fueron dados de baja porque enfrentan por separado procesos penales. Entre los delitos por los que son acusados por la propia PGR ante jueces están: delincuencia organizada, contra la salud, homicidio, robo, portación de arma de fuego, peculado o extorsión.
Otros siete servidores públicos perdieron su empleo porque fueron condenados por el poder judicial por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, lesiones y homicidio, extorsión, portación de arma de fuego o uso de documento falso.
Uno más fue dado de baja por presentarse ebrio a laborar y otro por negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones ministeriales, detalla el reporte que la PGR tiene previsto difundir este jueves en conferencia de prensa.
El informe agrega que nueve policías federales ministeriales y un agente del Ministerio Público son los 10 servidores públicos que incurrieron en responsabilidades administrativas graves.
En tres casos, el Consejo de Profesionalización, que encabeza la Procuradora Marisela Morales, encontró que los policías se ayudaron de personas ajenas a su corporación para realizar acciones y asentaron hechos falsos en diligencias.
Dos casos fueron porque realizaron detenciones indebidas en las que dieron malos tratos a las personas y además les solicitaron dinero a cambio de liberarlas; otros fueron por tratos crueles y degradantes a detenidos; registrar hechos falsos en los expedientes y por abandono de comisión.
Un agente del Ministerio Público fue dado de baja por no realizar su trabajo correctamente en un juicio de amparo.
Los 140 servidores públicos quedaron inhabilitados para ocupar cargos dentro de las procuradurías estatales u otras corporaciones policiales a nivel federal, estatal o municipal.
La última vez que la PGR realizó este tipo de acciones fue en el 2008, cuando el entonces procurador Eduardo Medina Mora anunció el cese de 35 agentes del ministerio público por presuntamente estar vinculados con el crimen organizado. Todos ellos laboraban en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Dicho proceso de depuración concluyó en marzo del 2011 y como resultado fueron despedidos un total de 600 servidores públicos por no haber pasado las pruebas de confianza.
