Los reos sin sentencia abarrotan las cárceles mexicanas
El uso excesivo de la prisión preventiva en México ha provocado el hacinamiento y la sobrepoblación del sistema penitenciario: más de 40,000 reos, que representan un 22% por encima de su capacidad.
En México, casi 223,000 reos están recluidos en 429 penales a cargo de autoridades de los tres niveles de gobierno, de acuerdo con datos del último informe del Sistema Penitenciario Federal (SPF) de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).
De ellos, 296 penales tienen un problema de sobrepoblación y, de éstos, 148 son Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOs), según los reportes oficiales.
“Debe reducirse el número de internos al limitar la prisión preventiva a un número reducido de delitos de acuerdo con la Constitución federal. La gran esperanza para mejorar los sistemas penitenciarios es implementar la figura de juez ejecutor”, dice Gonzalo Reyes Salas, académico del Tecnológico de Monterrey especializado en justicia penal.
La prisión preventiva consiste en privar de la libertad a una persona de manera prolongada, mientras se encuentran pruebas que lo absuelvan o condenen. El juez ejecutor es una figura que empezó a implementarse desde 2008 en diferentes entidades y que se encarga de decidir si a un ciudadano se le debe recluir de manera temporal.
Reyes Salas, autor de Sistemas Políticos Contemporáneos, sostiene que el sistema será más eficiente cuando empiece a funcionar esa figura y se le quite al Ministerio Público la capacidad de decidir arbitrariamente si una persona debe ir a prisión preventiva.
El uso excesivo de esta medida se refleja en las cifras de la población penitenciaria a nivel nacional: sólo cerca del 58% tiene sentencias y el resto se encuentra en algún proceso judicial, según las estadísticas oficiales.
Cada año, más del 40% de las personas señaladas como “probables reponsables” por el Ministerio Público son encarceladas en México y más de 50,000 imputados quedan en libertad al no comprobarse su responsabilidad en un delito, indican cifras de la organización internacional Open Society Justice Iniciative.
Sin distingo entre reos federales y del fuero común
Los estados se encargan de casi el 75% de las cárceles en México, mientras que el gobierno federal sólo administra 8 penales: el Complejo Penitenciario Islas Marías, seis CEFERESOs distribuidos a lo largo del territorio nacional y un Centro Federal de Readaptación Psicosocial (CEFEREPSI). Las autoridades municipales se encargan de 91 cárceles y la capital del país, el Distrito Federal, de 10.
Los estados cuyas prisiones están más sobrepoblados son el Distrito Federal, con 81% por encima de su capacidad, el Estado de México, con 79%, y Jalisco con cerca del 70%. Mientras que las entidades con menos población penitenciaria son Michoacán, Sinaloa y Guanajuato.
El Complejo Penitenciario Islas Marías es el que alberga casi la mitad de los reos recluidos por delitos federales, seguido de los CEFERESOs números 5 y 4, ubicados en los estados de Veracruz y Nayarit, respectivamente.
“No se cumple el mandato constitucional de separar a presos comunes y presos de delincuencia organizada . No tenemos en realidad un sistema penitenciario federal, las prisiones estatales hacen funciones de federales y se mezclan todos”, dice Reyes Salas, quien también es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Poco más del 80% de los reos recluidos en cárceles mexicanas están procesados o sentenciados por delitos del fuero común y cerca de 21% por faltas a leyes federales, según cifras actualizadas para febrero de la SSP.
De los cerca de 44,000 reos procesados o sentenciados por delitos federales en México, el 50% están recluídos en penales del Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora y Puebla, según las estadísticas de la SSP. Poco más del 95% son hombres y el resto mujeres.
En la década pasada se redujeron los centros penitenciarios de 444 a 429, según el cuarto informe de actividades de la SSP.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho múltiples recomendaciones al gobierno mexicano para mejorar el trato de los reclusos y erradicar las torturas y tratos crueles que contravienen el espíritu del artículo 18 constitucional, pero el estado no las ha acatado.
La SSP inició en enero de 2009 la implementación de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 para cumplir lo establecido en este principio constitucional y otorgar trabajo, capacitación y educación como los medios de readaptación social del delincuente.
