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Indígenas buscan enjuiciar a militares por violación en una corte civil

Las mujeres que acusan haber sido violadas demandaron a la PGR y a la Procuraduría de Justicia Militar para llevar su caso a una corte civil
jue 28 julio 2011 08:23 AM
Valentina Rosendo
Valentina Rosendo Valentina Rosendo

Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas que aseguran haber sido violadas por militares en el estado sureño de Guerrero, serán las primeras en hacer válida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que recientemente  determinó limitar el fuero militar en el caso de violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas armadas.

Las dos mujeres presentaron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría de Justicia Militar para que sus casos, que actualmente se encuentran en proceso de resolución en una corte castrense, sean procesados por parte de un tribunal civil.

El pasado 12 de julio, los ministros de la SCJN determinaron que el fuero militar ya no aplicará en el caso de violaciones de derechos humanos, por lo que los miembros de las fuerzas armadas que incurran en este delito, deberán ser juzgados en tribunales civiles.

La resolución, que organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales y expertos en la materia calificaron como “histórica” , fue emitida después de que la SCJN analizara la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974 a manos de militares durante el periodo conocido como “la guerra sucia”.

“Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú han permanecido en el fuero militar, a pesar que desde hace más de 8 meses la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano que las investigaciones fueran trasladas a la PGR, al ser la instancia competente”, explicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en un comunicado.

“Las solicitudes presentadas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú constituyen una prueba para que el ejecutivo federal compruebe en los hechos su compromiso ante las sentencias de la Corte, así como su congruencia de sujetarse a la reciente determinación de la SCJN en el caso Radilla”, agregó la organización que se ha encargado de la defensa legal de las dos indígenas.

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Los casos de Inés y Valentina

Valentina Rosendo Cantú , una indígena de la comunidad Me’phaa y originaria de Caxitepec, Guerreo, denuncia que fue amenazada, golpeada y violada por dos elementos del ejército mexicano cuando estaba lavando ropa en un arroyo cercano a su casa. Tenía 17 años.

Ese mismo año, en 2002, Inés Fernández Ortega, también indígena Me’phaa de la comunidad Barranca Tecuani, en el municipio guerrerense de Ayutla los Libres, asegura que fue violada y torturada por miembros de las fuerzas armadas.

Los indígenas me'phaa son un grupo tlapaneca que habita entre el sur de la Sierra Madre y la costa de Guerrero.

Las dos denunciaron sus casos ante las autoridades mexicanas, pero después de varias irregularidades, decidieron llevar sus denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2009, la CIDH presentó una demanda en contra del Estado mexicano ante la CoIDH.

En octubre del 2010, la CoIDH resolvió que el Estado mexicano era responsable de los delitos cometidos contra las dos mujeres indígenas y exigió que las investigaciones se turnaran a un tribunal del fuero civil.

Las dos sentencias contra México, además de reconocer la responsabilidad de militares en los  ataques sexuales contra Inés y Valentina , señalan que se violó la integridad personal y las garantías judiciales de ambas al no haber una investigación adecuada sobre sus casos.

También se ordenó reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que establece que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares se  investigarán en la jurisdicción militar .

La SCJN tardó más de ocho meses en implementar las recomendaciones de la corte, en la que se destacaba la necesidad de acotar el fuero militar en los casos de violaciones de derechos humanos.

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