Las declaraciones de la Marina tensan la relación activistas-Gobierno
Unas semanas después de que el Gobierno Federal se comprometiera a establecer mecanismos para proteger a los defensores de derechos humanos en México, unas declaraciones del Secretario de Marina, Francisco Saynez, en las que descalificaba a las organizaciones de activistas, provocaron que se suspendiera el diálogo que mantenían estas con la Secretaría de Gobernación para definir los mecanismos de protección.
"Los grupos delictivos tratan de manchar el prestigio y el buen nombre de las instituciones utilizando grupos ciudadanos que, mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos, intenta dañar la imagen de las instituciones”,dijo este martes el titular de la Secretaría de Marina, una de las dependencias dedicadas a la lucha contra el crimen organizado, en una ceremonia en Veracruz.
Al día siguiente, alrededor de 80 organizaciones dedicadas a la defensa de las garantías individuales, anunciaron su retirada de las mesas de negociaciones con los representantes de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Lo expresado por el secretario de Marina expone a un mayor riesgo y vulnerabilidad a defensoras y defensores de derechos humanos que enfrentan un contexto adverso, además de ser contrarias al espíritu de la reforma constitucional aprobada en materia de derechos humanos”, condenaron las organizaciones en un comunicado difundido este miércoles.
En el documento exigieron una disculpa pública de los representantes del Gobierno Federal y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se pronuncie sobre la legitimidad y la importancia que representa el derecho a defender los derechos humanos.
“Ante algunas declaraciones que han salido a raíz justamente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia es muy importante reiterar hoy en día la importancia de la defensa de los derechos humanos y la necesidad de que el Estado mexicano reconozca también la labor de los y las defensores de derechos humanos que están trabajando en un contexto muy adverso”, dijo Agniszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos Humanos para Todos, en conferencia de prensa celebrada con motivo del primer caso de violaciones de derechos humanos a manos de militares que se pedirá que se juzge en una corte civil.
A mediados de junio de este año, la Secretaría de Marina aceptó dos recomendaciones de la CNDH en las que se le llama a tomar medidas para evitar abusos contra civiles por parte de su personal.
Desde el inicio del actual gobierno, en diciembre de 2006, tanto Marina como el Ejército mexicano han participado en la estrategia oficial contra la delincuencia organizada. Organizaciones de derechos humanos han señalado que marinos, soldados y policías incurren cada vez más en abusos contra civiles en el marco de la lucha anticrimen.
"La polarización no nos lleva a nada"
Ni los defensores de derechos humanos pueden actuar como si todos los militares fueran violadores de las garantías individuales, ni el Gobierno puede decir que los defensores usan la bandera de los derechos humanos para justificar los actos de criminalidad, dijo Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al participar en el foro La violencia armada en México: violaciones graves de los derechos humanos, Astorga señaló la necesidad de crear puentes entre la sociedad civil y las organizaciones castrenses.
“Creo que seguir con esta polarización de posiciones en ciertos terrenos no nos va a llevar muy lejos”, dijo.
“Para ir limando asperezas y no considerarse enemigos unos a otros es importante tener claro qué es lo que está en juego en este país y quiénes son aquellos los que están creando la mayor parte de las violaciones de derechos humanos y las condiciones de ingobernabilidad en el país, creo que es muy necesario”.
Al menos 27 defensores de derechos humanos fueron asesinados en México entre enero de 2005 y mayo de 2011, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los abusos que sufren con mayor frecuencia son amenazas, actos intimidatorios, agresiones , detenciones arbitrarias, cateos ilegales, uso indebido de la fuerza o mala atención de parte de servidores públicos.
El Gobierno publicó el 7 de julio un acuerdo que estipula que la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá definir medidas para que dependencias federales protejan a defensores de derechos humanos, “ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad”.
