ONGs advierten que la sentencia sobre el fuero militar no es opcional

Para los defensores de derechos humanos que han asesorado a Inés Fernández y Valentina Rosendo,  dos indígenas que fueron violadas por militares en Guerrero , la solicitud de juicio civil presentada por las mujeres me’phaa mostrará hasta dónde el Gobierno mexicano está dispuesto a acatar la  resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limitó el fuero militar , en casos de violaciones de garantías individuales.

"Estamos claramente en el dilema: o la política de derechos humanos se vuelve una política real y efectiva o sigue manteniéndose únicamente como un discurso políticamente correcto", señaló Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

"Si los casos de Valentina e Inés siguen en la justicia militar, lo que estaremos viendo es un país y un gobierno que incumple en materia de derechos humanos, que quiere mantener los derechos humanos sólo en el discurso y no en la práctica. Y por el contrario, si estos casos en el corto plazo, lo más inmediato posible, pasan a la justicia civil, tal vez estaríamos empezando a construir una política diferente", agregó durante la conferencia.

La corte marcial deberá pasar lo antes posible estos casos a tribunales civiles, consideró Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, el Congreso de la Unión debe modificar pronto los artículos de la Constitución mexicana relacionados con el fuero militar.

"El Ejecutivo mexicano reitera que cumplirán el criterio orientador de la SCJN sobre el tema del fuero militar, y este es un discurso falso por parte del poder Ejecutivo. Lo que determinó la SCJN no es un criterio orientador, es decir, no es opcional acatarlo o no", explicó Méndez. "Declinar competencia por parte de las Fuerzas Armadas en estos temas es una obligación, que deviene de la sentencia misma de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

El pasado 12 de julio, los ministros de la Corte determinaron que el fuero militar ya no aplicará en el caso de violaciones de derechos humanos, por lo que los miembros de las Fuerzas Armadas que incurran en delitos de este tipo deberán ser juzgados en tribunales civiles.

Este jueves, Inés Fernández y Valentina Rosendo,  quienes fueron violadas por militares en Guerrero , p resentaron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar  para que su caso pase un tribunal civil.

Las mujeres dicen estar cansadas de esperar que se haga justicia. El próximo año se cumplirán 10 años desde que inició su lucha, y han viajado a diferentes países para exponer su situación en diversos foros, donde han recibido apoyo.

Sin embargo, comentan, el Gobierno mexicano no da señales de que vaya a castigar lo que hicieron los militares.

"A mí me queda claro que (los) mismos guachos (soldados) no se van a investigar entre ellos, porque entre ellos cometieron el delito, lo que yo quiero es que el juicio lo lleven en vía civil", dijo Inés Fernández, a través de una traductora de su lengua nativa al español, en conferencia de prensa. "A mí me queda claro que nunca va a haber justicia ni nunca se va a hacer justicia como yo lo estoy pidiendo y por eso pido que se lleve vía civil".

Valentina Rosendo Cantú, víctima de agresiones, torturas y violaciones a por parte de militares, lamenta que sus atacantes sigan libres y sigan operando en la región con impunidad.

"Fue muy difícil seguir diciendo lo mismo, haciendo lo mismo y saber que el gobierno no tiene la voluntad de cumplir la sentencia", dice en español y con un tono entre molesto y cansado.

De ser admitida esta demanda por parte de la PGR, el caso de Inés y Valentina sería el primero en llevar un juicio militar a instancias civiles.

"Esperamos que estas solicitudes sean determinadas favorablemente a la brevedad", dijo Abel Barrera, director de Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se ha encargado de la asesoría legal de las dos indígenas.