Exgobernador de Chiapas es acusado de homicidio por omisión
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, recibió este jueves una nueva orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de justicia del estado de Chiapas, por la muerte de dos recién nacidos, ocurrida hace nueve años en el hospital del municipio de Comitán.
La denuncia se da a pocos días de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado resuelva la apelación contra el auto de formal prisión para el exmandatario, por los delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, entre otros. El pasado 7 de junio, Salazar Mendiguchía fue detenido por el uso ilegal de 104 millones de pesos.
Salazar fue demandado por padres de familia, luego de que hace nueve años murieran dos recién nacidos en un hospital del municipio de Comitán al cual supuestamente no entregó recursos por "cuestiones políticas".
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la acusación contra Salazar es porque presuntamente ordenó no otorgar recursos económicos a un hospital de Comitán, de donde es originario su antecesor Roberto Albores Guillén , lo que ocasionó deficiencias en la atención a los recién nacidos.
La PGJE retomó los resultados de las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 24/2004 contra el gobierno de Chiapas al detectar que existía una grave deficiencia en equipamiento médico, recursos humanos, medicinas y sanidad.
Ante la Procuraduría rindieron declaración 41 servidores y exfuncionarios públicos, entre ellos el exdirector del hospital, Raúl Belmonte Martínez, quien dijo que desde 2001 pidieron recursos para el mejoramiento del hospital; sin embargo, tuvo una respuesta negativa y un recorte presupuestal.
Según su declaración, el entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, le dio como razón que el lugar estaba en la ciudad natal de Albores Guillén.
El exprocurador Mariano Herrán Salvatti , también sujeto a proceso penal desde 2009 y actualmente recluido en un hospital por problemas de salud, dijo que tras la muerte de los niños, Salazar Mendiguchía le ordenó que determinara el "no ejercicio de la acción penal" en las investigaciones del caso.
La pena por el delito de homicidio por omisión sería de 20 años de prisión, de acuerdo con un comunicado dado a conocer por la Procuraduría.
