El gobierno suspende los recursos contra el crimen a 172 municipios
El gobierno suspendió a 172 municipios la entrega de la segunda partida presupuestal para el apoyo contra el crimen organizado debido a que no cumplieron con los requerimientos que marca la ley, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
En un comunicado, el organismo que depende de la Secretaría de Gobernación, detalló que de las 220 alcaldías, solo 48 cumplieron en tiempo y forma con las obligaciones que marca la Ley General del SNSP y las Reglas de Operación del propio subsidio.
La transferencia de la segunda entrega de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) 2011, para los municipios en regla fue por un total de 376 millones 860 mil 236 pesos.
Entre los municipios que sí cumplieron y que recibieron su partida presupuestal el pasado 5 de agosto destacan: Tijuana, Baja California; Torreón, Coahuila; Gómez Palacio, Durango; Guadalajara, Jalisco; Toluca, Estado de México; Zitácuaro y Zamora, Michoacán y Cuernavaca, Morelos.
Además de Apodaca, García, General Escobedo, Juárez y Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa; Matamoros, Tampico y Valle Hermoso, Tamaulipas; Orizaba y San Andrés Tuxtla, en Veracruz, entre otros.
El Secretariado detalló que los municipios que aun tienen requisitos pendientes por cumplir tienen como plazo 10 días a partir de que les fue avisada la suspensión, para que el organismo revise posteriormente durante cinco días si los requisitos fueron cumplidos.
En caso de no ser satisfechos los requerimientos, los municipios tendrán otros 10 días más para regularizarse. Si en ese periodo los municipios no cumplan con lo que establece la ley, los recursos serán cancelados.
En el caso de Ciudad Juárez, se encuentra en el periodo de los 10 días que el SNSP estableció para los municipios que no cumplieron con lo establecido por la ley.
El Subsemun tiene como destino de gasto profesionalizar y equipar a las instituciones policiales de los beneficiarios, mejorar su infraestructura, en el marco de las disposiciones legales aplicables, así como desarrollar y aplicar las políticas públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana.
El gobierno emprendió la Estrategia Nacional de Seguridad, una campaña contra la delincuencia organizada, la cual ha cobrado la vida de más de 34,600 personas desde 2006.
Sin embargo, ha tenido avances en la captura y eliminación de algunas de las principales cabezas del crimen organizado y debilitado a células del narcotráfico.