La UNAM acepta la invitación de Calderón a dialogar sobre seguridad
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal institución pública de educación superior del país, aceptó este viernes la invitación del presidente Felipe Calderón a dialogar sobre la estrategia de seguridad.
“La respuesta es claro que sí, vamos a platicar y vamos a hacerlo, pensando sólo en una cosa, en México”, dijo a periodistas el rector José Narro Robles.
Aclaró que aún no se definen la fecha ni los términos del encuentro entre las autoridades y representantes de esa casa de estudios.
El jueves, el gobierno informó que el presidente envió una carta al rector y al exrector Jorge Carpizo, para invitarlos a discutir las propuestas del documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia.
El texto, presentado esta semana , fue elaborado por especialistas de la UNAM y contiene 36 puntos en la materia, como reorientar las políticas públicas para prevenir el delito, atender a los adictos a las drogas con un enfoque social y crear un registro nacional de víctimas de la violencia.
“(El diálogo) es un paso, creo, muy importante, porque lo he dicho y lo sostengo, no vamos a poder resolver un problema de la magnitud que tiene el problema de la seguridad en México, si no lo hacemos entre todos”, dijo Narro Robles.
Desde diciembre de 2006, cuando Calderón asumió el poder, México vive una lucha contra la delincuencia organizada apoyada fundamentalmente en las Fuerzas Armadas. Entre esa fecha y enero pasado han muerto más de 34,600 personas, según datos oficiales.
Mientras el gobierno sostiene que la estrategia ha rendido resultados, analistas, miembros de la oposición y organizaciones civiles señalan que ha generado un aumento de la violencia y exigen reorientar las medidas tomadas.
En ese contexto, el presidente urgió este viernes a que el Congreso apruebe el dictamen de Ley de Seguridad Nacional , con el que busca regular la actuación de militares en tareas anticrimen. Activistas aseguran que la legislación viola los derechos humanos porque permite a las autoridades establecer estados de sitio a discreción.
