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Fiscalía militar turna a Procuraduría mexicana casos de abusos a indígenas

La organización Tlachinollan dijo que los casos de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos por la fiscalía militar
mar 16 agosto 2011 07:05 PM
Inés y Valentina
Inés y Valentina Inés y Valentina

La Procuraduría General de Justicia Militar de México remitió a la Procuraduría General de la República (PGR), encargada de gestionar la justicia civil en el país, los dos primeros casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares , informó este martes la organización Tlachinollan.

La fiscalía militar informó a las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que las averiguaciones por violación sexual y tortura cometidas en su contra por elementos del Ejército fueron remitidas el 12 de agosto pasado a la PGR, de acuerdo con un comunicado emitido por la organización de derechos humanos.

“La Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la incompetencia para seguir conociendo y determinar la(s) indagatorias(s)” de Inés y Valentina, detalló la Procuraduría General de Justicia Militar en un comunicado, según Tlachinollan.

Los casos de las dos mujeres me’phaa (una etnia tlapaneca del estado de Guerrero) serán los primeros en aplicarse bajo la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca limitar el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Inés y Valentina solicitaron formalmente a finales de julio que sus casos, procesados hasta ese momento por tribunales militares, fueran atendidos por las autoridades civiles.

El traslado de las investigaciones representa un “precedente fundamental” para que los elementos del Ejército involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, consideró Tlachinollan.

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La Procuraduría General de la República tiene la “responsabilidad ineludible” de procesar penalmente a los militares que las indígenas acusan como sus agresores, según la organización de derechos humanos.

La remisión de los dos casos a instancias civiles es solo una de las obligaciones impuestas a México en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por los casos de Inés y Valentina, señala Tlachinollan. La PGR y su titular, la procuradora Marisela Morales, deben garantizar una investigación acorde con las exigencias del tribunal interamericano.

El fallo contra el fuero militar, emitido en julio pasado por el máximo tribunal de México, reformó el Código de Justicia Militar para retirar la protección a militares involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones, activistas y expertos en derechos humanos consideraron histórica la decisión de la Suprema Corte tras el análisis de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de desaparición forzada de Rosendo Radilla, realizada por militares durante la llamada guerra sucia.

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