A un año de la masacre en San Fernando, migrantes carecen de seguridad
A un año de la masacre de los 72 migrantes en el municipio de San Fernando , en el estado norteño de Tamaulipas, las autoridades estatales y federales no han podido generar políticas de protección, a nivel nacional, para los que transitan por el territorio mexicano en la clandestinidad, coinciden especialistas consultados por CNNMéxico.
“(Los gobiernos) no han sabido cómo entrar en el tema de política de protección a los migrantes y no han sabido, por tanto, generar acciones concretas que no sean cocinadas al vapor, sino que sean fruto de un análisis contextual y situacional”, insiste el coordinador del Centro de Derechos Humanos del Migrante, José Luis Manzo.
La Ley de Migración, promulgada el pasado 24 de mayo , es un avance importante en la materia, pero es innoperante ya que no cuenta con un reglamento, por lo que no ha garantizado la protección de los migrantes, asegura el investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Rodolfo Cruz Piñeiro.
“Todavía está muy lejos de lo que debería de ser una ley. No existen las formas de acción y de operación, y a casi tres meses de haberse promulgado todavía se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos de los migrantes”, dice el especialista en demografía y migración.
La ley federal garantiza la coordinación entre los tres niveles de gobierno para perseguir y prevenir cualquier delito contra los migrantes, y contempla la creación de un Centro de Evaluación y Control de Confianza para los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Durante 2010, el INM sancionó, inhabilitó o separó de su cargo a 450 de sus funcionarios por delitos contra migrantes, según informó la dependencia, mientras que para mayo de 2011 se habían dado de baja a 200 elementos más, confirmó ante medios, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora.
El coordinador de la Coalición Pro Defensa del Migrante, José Moreno Mena, asegura que como parte de ese esfuerzo institucional, también es necesario que los policías de los tres niveles de gobierno cumplan los estándares de confiabilidad.
“La corrupción de los cuerpos policiacos que con frecuencia están coludidos con el crimen organizado propicia un clima de inseguridad para los migrantes”, dice.
En México hay más de 525,000 elementos de seguridad de diversas corporaciones: seguridad privada, policías ministeriales, estatales, municipales y custodios, de acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), creado en mayo pasado , es otro esfuerzo regional derivado de la masacre de San Fernando, pero hasta la fecha no ha cumplido con el propósito de crear programas de protección, critica la investigadora del Colef, Blanca Delia Vázquez.
La ofensiva contra Los Zetas
La masacre en San Fernando fue la justificación que necesitaba el gobierno federal para activar el Operativo Lince Norte contra Los Zetas, y que tuvo como resultado la captura de 196 presuntos integrantes de la organización, asegura el especialista en materia de seguridad, Eduardo Guerrero.
“Es un operativo muy delicado porque se ha concentrado en Los Zetas, reconocidos como una prioridad para el gobierno mexicano (...) Para echar a andar operativos de este tipo se necesitaba una justificación importante”, dice el socio fundador de Lantía Consultores.
El operativo militar se llevó a cabo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí entre el 16 de julio y el 4 de agosto de 2011. En ese lapso se detuvieron a Valdemar Quintanilla Soriano, Adal, segundo operador financiero a nivel nacional de la organización, José Guadalupe Yáñez Martínez, El Dos, quien era su ayudante, y Rafael Salmerón Rodríguez, El Iguano, líder de plaza de Los Zetas en San Luis Potosí.
“La ofensiva del gobierno federal contra Los Zetas hizo que el cártel del Golfo también se lanzara contra ellos”, señala Guerrero, “están aprovechando la ofensiva para tratar de debilitarlos aún más”.
El analista indica que a pesar de que el gobierno federal dio a conocer las detenciones de los tres supuestos autores intelectuales de la masacre, las declaraciones de Abraham Barrios Caporal, El Erasmo, y Édgar Huerta Montiel, El Wache, implicados en el crimen, señalan a Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, como el que orquestó la masacre.
Hasta la fecha, La Ardilla permanece prófugo y la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece hasta 15 millones de pesos por información que lleve a su captura. Otros operadores importantes que han sido capturados por la masacre son Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, y Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito.
“Mi impresión es que (el Ejército) capturó a muchos halcones (espías) que protegían a policías y a la célula de Los Zetas en San Fernando, que no obedeció órdenes intelectuales de otra célula, actuó por su propia iniciativa”, detalla el analista.
Este martes la PGR informó que se han detenido a 82 personas relacionadas con la matanza de los 72 migrantes, y que una más está bajo medidas cautelares. Diversas organizaciones de protección a los derechos humanos de los migrantes criticaron que no se hayan dictado sentencias condenatorias.
“Es muy mal mensaje que esta gente no tenga sentencias, porque se da la impresión de que no hay elementos suficientes para condenarlos, de que la autoridad está temerosa de dictar sentencias”, concluye Guerrero.
En abril de 2011, las autoridades encontraron otras 47 fosas en San Fernando, en las que había al menos 193 cadáveres, de los que han sido identificados 26, de acuerdo con la PGR.
A lo largo de este año se han descubierto fosas similares en los estados de Nuevo León y Durango , donde en total los cuerpos exhumados superan los 300.