El Casino Royale operaba legalmente, asegura su representante
El representante legal del Casino Royale aseguró que la casa de juegos y apuestas donde murieron 52 personas tras un ataque de un grupo de hombres armados en Monterrey, en el estado norteño de Nuevo León, operaba legalmente.
“Queremos dejar perfectamente establecido que el casino, hasta el día de los hechos, funcionó con todas las disposiciones legales a que estaba obligado a cubrir.
“Claro que tenía permiso para funcionar como casino, permiso de uso de suelo, y permiso de la Secretaría de Gobernación”, indicó en una conferencia de prensa, Juan Gómez Jaime.
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y el alcalde local, Fernando Larrazabal, anunciaron en otra conferencia de prensa una serie de medidas para combatir la ilegalidad en la operación de casinos, a nivel estatal y principalmente en la capital regiomontana.
Los funcionarios demandaron este sábado revisar la operación de 17 casinos a los que se expidió permiso desde administraciones municipales anteriores, y pidieron a la Secretaría de Gobernación la clausura de 12 más.
“Los acontecimientos ocurridos el pasado 25 de agosto en Monterrey son la consecuencia de una cultura de corrupción, de impunidad, de ilegalidad y de las mentes criminales y enfermas de quienes no tienen el menor respeto por la vida”, dijo Medina.
El apoderado Juan Gómez Jaime aseguró que el local fue autorizado en 2003 por Protección Civil, cuando inició sus actividades, y aseguró que recientemente la misma instancia del estado autorizó la ampliación con la anuencia del municipio de Monterrey.
Tras el atentado en el casino Royale en Monterrey, Nuevo León, el alcalde Larrazabal informó que Atracciones y Emociones Vallarta SA de CV era la propietaria del recinto, mientras que identificó como apoderado legal a Enrique Hernández Navarro. No obstante, en un comunicado, esta empresa negó que el lugar operara bajo su permiso.
“Desde el 19 de septiembre del 2008, se comunicó oficialmente a la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que en dicho domicilio no operaría negocio alguno al amparo de nuestro permiso”, señaló la empresa en un comunicado posterior a los ataques. “Por lo tanto, desconocemos al amparo de qué permiso opera el Casino Royale”.
Gómez Jaime, sin embargo, aseguró que las relaciones de Cymsa Corporation, a cargo de Raúl Rocha, empresa a la que pertenece el Casino Royale, siguen vigentes con Atracciones y Emociones Vallarta.
Agregó que lo más importante en este momento es apoyar a los deudos y a los familiares de la gente que perdió la vida tras el incendio en el casino. “La preocupación de los dueños y de los socios en este momento es atender a todas las familias de los que murieron ahí”.
El abogado señaló que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, miente, debido a que el lugar cuenta con todos los papeles en regla. “Este casino cuenta con permiso de la Secretaría de Gobernación y del municipio de Monterrey (…) es falso que el casino haya funcionado sin permisos, al alcalde no lo asesoran bien o le falta información”.
Al ser cuestionado por las medidas de seguridad en el casino, indicó que el lugar fue inspeccionado por Protección Civil y dio todos los permisos para funcionar, debido a que no encontró irregularidades.
Aclaró que “este evento trágico” no es responsabilidad directa del casino ni de los dueños, ya que fue un suceso ajeno a su operación y que los dueños ayudarán en los gastos de hospitalización y funerales de las víctimas conforme a la ley.
“Tengo noticias que los familiares de los accionistas no se les ha permitido salir de la ciudad”, agregó
Además indicó que no tiene conocimiento sobre alguna amenaza y extorsión contra el casino y dijo desconocer si alguno de los empleados o equipos de seguridad del establecimiento tenía algún vínculo con los delincuentes.
Desde su apertura en el 2007, el casino Royale ha tenido diversas irregularidades en los permisos de operación, ha sufrido ataques de grupos armados y se han vinculado a familiares del exalcalde de Monterrey, Adalberto Madero, con el consejo de administración de la empresa que supuestamente lo manejaba, de acuerdo con hechos registrados en medios locales y autoridades estatales.
