¿Fue correcto que Calderón llamara "terroristas" a atacantes de Monterrey?

El presidente Felipe Calderón utilizó de forma errónea la frase “verdaderos terroristas” para calificar a los responsables del incendio en el casino Royale , en Monterrey, la semana pasada, coincidieron expertos en Derecho y académicos.

Diego Valadés, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que los acontecimientos donde perdieron la vida 52 personas no son tipificados como terroristas por el Código Penal Federal.

“El tipo de terrorismo incluye ataques a la seguridad nacional y peticiones dirigidas a la autoridad y que se pretende obtener una respuesta mediante actos de fuerza o de terror. Yo no creo que se estén dando ninguna de estas dos características”, consideró el experto.

El Código Penal Federal, en su artículo 139, establece que se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta 1,200 días de multa “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

En su discurso pronunciado el jueves pasado, Felipe Calderón dijo: "No nos confundamos ni nos equivoquemos; no estamos hablando de un accidente, sino de homicidio brutal e incalificable.

Criminales con premeditación, alevosía y ventaja llegaron al lugar, amagaron a las personas que ahí se encontraban y prendieron fuego sin más a esas instalaciones; homicidas incendiarios y verdaderos terroristas sobre los que no solo debe caer el peso de la ley, sino el unánime repudio de la sociedad, de los poderes públicos, de los partidos políticos, de los líderes sociales y de los medios de comunicación".

Diego Valadés —quien también fue procurador General de la República— opina que hace falta ahondar en las investigaciones.

“La determinación de un delito y la imputación de ese delito, sin mayores elementos de averiguación previa, me parece que es una declaración retórica y que no tiene fundamento jurídico hasta este momento; es posible que lo tenga, pero necesitaríamos sobre esto una puntualización por parte de la Procuraduría General de la República”, destacó.

A esta opinión se sumó Miguel Carbonell, también miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que el Gobierno no puede actuar de forma unidimensional.

“En su caso es un homicidio múltiple, por supuesto, y a mí me da la impresión que encaja más en eso, dejaría el calificativo de terrorismo, en todo caso, para el debate político, insisto, jurídicamente es difícil de ser calificado así.

“El Estado Mexicano tiene que actuar en una doble dimensión, respecto a lo que pasó en Monterrey; por un lado, perseguir a los autores materiales e intelectuales  directos, causantes por supuesto de la muerte y del suceso, pero por otra parte exigir responsabilidades a los funcionarios que deberían haber previsto esto”, dijo Carbonell.

"Estas medidas deben tomarse, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de autoridades estatales o municipales por la situación de la falta de verificación del buen funcionamiento de las salidas de emergencia, que recae directamente en estos ámbitos".

Para el rector de la UNAM, los hechos ocurridos en el casino Royale deben llenar a todos los mexicanos de indignación, pero no por ello debe desvirtuarse su conceptualización.

“No voy a hacer una disertación al respecto (…) Lo que vimos, eso no tiene que ver con ninguna ideología, eso tiene que ver solo y únicamente con un acto criminal; profundamente criminal, no tenemos que buscarle, otra palabra, es esa”, dijo en entrevista José Narro Robles.

Una opinión política, no un término jurídico

Baltasar Garzón, el juez español que llevó a juicio a Augusto Pinochet por el asesinato de ciudadanos españoles durante su dictadura en Chile, consideró también que el primer mandatario mexicano utilizó el término como una opinión política y nunca como un término jurídico.

“Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje y con los términos que se expresan.

“Yo soy juez y por tanto a la hora de calificar un acto criminal de acuerdo con la ley penal, tengo que acogerme a la ley penal y en función de ello la calificación tiene que tener una serie de requisitos que no necesariamente van a coincidir con la opinión política de la identificación”, expuso Garzón en entrevista.

El juez recordó los actos criminales perpetrados por Pablo Escobar Gaviria en Colombia en los años 80, cuando se creó una nueva tipificación para los delitos y se llamó “narcoterrorismo”.

Sin embargo, expuso que la mecánica del hecho en el Casino Royale no corresponde con el mecanismo utilizado por organizaciones terroristas.

“La calificación, al menos es el punto de vista internacional, es la acción del crimen organizado en el contexto de violencia que vive el país y que ha utilizado instrumentos -en este caso- quizá la acción en sí misma, la intencionalidad añadida, el plus de dolo al cerrar cualquier posibilidad de escape o de huída de las propias víctimas”, expuso.

El juez sugirió aclarar los términos para evitar crear confusión en la ciudadanía.