El gobierno de México firma apoyo para trabajadores migrantes en Arizona

Los cinco consulados de México en Arizona firmaron este miércoles un acuerdo con el Departamento del Trabajo estadounidense con el propósito de proteger los derechos de los empleados, sin importar su estatus migratorio.

“Esta firma envía el mensaje de que los derechos laborales no tienen nacionalidad ni tampoco estatus migratorio. Cualquier persona que trabaje tiene derechos”, dijo el cónsul general de México en Phoenix, Víctor Manuel Treviño Escudero, al término de la ceremonia.

Los cinco consulados de México en el estado se encuentran en Phoenix, Nogales, Douglas, Yuma y Tucson. Arizona es la quinta entidad de Estados Unidos con mayor número de migrantes indocumentados —470,000, según el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés)—, la mayoría de ellos de origen mexicano.

Treviño explicó que la queja más común en materia laboral que reciben las autoridades consulares tiene que ver con el incumplimiento de salarios.

“Hay casos donde personas han sido detenidas y debido a su estatus migratorio no pueden cobrar sus salarios, pero debo decir que muchos de estos casos donde el consulado se ha presentado a hablar con los empleadores ellos normalmente cooperan”, dijo el diplomático.

Desde 2010, el gobierno de Arizona, encabezado por la republicana Jan Brewer, promueve leyes contra la inmigración ilegal que han endurecido el trato hacia los migrantes indocumentados. En abril, Brewer promulgó la legislación SB 1070 , pero los puntos más polémicos de la norma fueron bloqueados por una jueza federal .

La aprobación de esas leyes, según el cónsul mexicano, ha hecho a los migrantes más “vulnerables” a sufrir abusos en sus empleos. Algunos, por ejemplo, corren el riesgo de ser contratados por menos dinero.

Eric Murray, director de la Oficina del Departamento del Trabajo en el distrito de Phoenix, dijo que por ley toda persona debe recibir al menos el salario mínimo, que a nivel federal es de 7.25 dólares la hora (unos 87 pesos mexicanos).

El funcionario explicó que las autoridades federales reciben frecuentemente la queja de que los empleadores no pagan horas extra a los trabajadores migrantes, no reportan el trabajo fuera de horario y, en ocasiones, no pagan sueldos en efectivo.

Las autoridades federales de Estados Unidos, encabezadas por el presidente Barack Obama, se oponen a leyes de inmigración estatales como la de Arizona, bajo el argumento de que interfieren con facultades que son exclusivas del ámbito federal.