Extorsiones "masivas" del crimen y autoridades a casinos, denuncian dueños
Permisionarios de casinos en México reconocieron ser víctimas de las extorsiones de la delincuencia organizada de forma masiva y, en algunos casos, en complicidad con las autoridades durante una reunión en la Cámara de Diputados.
En algunos estados, como Tamaulipas o Nuevo León, los grupos empresariales han debido cerrar los establecimientos por las amenazas del crimen organizado, dijeron.
"Estas gentes toman acciones, secuestran a un gerente, mandan una nota, empiezan a amedentrar para luego pedir extorsiones (sic). Todos en la industria, sobre todo en el estado de Tamaulipas, hemos tenido que cerrar salas; ¿cuántas? No lo sé.
"Desgraciadamente nos percatamos que hay autoridades involucradas (...) Cuando tratamos de levantar denuncias nos encontramos con más amenazas y eso ya no es ningun secreto", señaló Óscar Paredes Arroyo, presidente del Consejo de Administración de los centros de entretenimiento El Palacio de los Números.
En una reunión con el Grupo de Trabajo Especializado en Vigilancia y Cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de la Cámara de Diputados, representantes de diversas organizaciones de propietarios de casinos reconocieron que en los estados del norte del país es donde más se registra este fenómeno.
Y ante la inacción de las autoridades, han tenido que aumentar por su cuenta las medidas de seguridad. "Ellos quieren pedir dinero entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Cerrar las puertas y no abrimos.
"Y en otros lados tuvimos que duplicar los esfuerzos en materia de seguridad porque, a quién le vamos a pedir auxilio si a lo que tienen miedo en Nuevo León, a lo que tienen miedo en Monterrey es a las mismas autoridades", dijo José Rojas, representante de la empresa Entretenimientos de México.
El reforzamiento de la seguridad se refiere a la instalación de puertas blindadas, recortar los horarios de servicio, contratar personal de seguridad privada e incluso, en los casos más graves, clausurar el casino.
"Nosotros no pagamos extorsiones, no negociamos con delincuentes, preferimos cerrar el negocio", dijo Rojas.
Los permisionarios lamentaron el trato que se ha dado a los dueños del Casino Royale a partir del atentado del 25 de agosto porque, dijeron, en lugar de verlo como una víctima las autoridades han optado por desprestigiarlo a él y a toda la industria de los casinos.
"Qué estara diciendo (el dueño del Casino Royale)?, me pregunto o me lo imagino: 'Maldita la hora en que no les pague a la delincuencia organizada porque ahora no sólo me hostiga la delincuencia, me hostiga mi gobierno'.
"Ese es el mensaje que se está leyendo y es muy grave", señaló Paredes.
Los concesionarios negaron ser catalizadores para el lavado de dinero de la delincuencia organizada porque, señalaron, si alguien quisiera lavar dinero en esos centros de entretenimiento se mermaría la ganancia en casi un 60% por todos los impuestos que deben pagarse, entre ellos el 2% de sus ganancias a la Federacion y el 6% a los municipios.
Los permisionarios exigieron la aprobación urgente de la modernización a la Ley de Juegos y Sorteos para evitar que los casinos operen en la ilegalidad y puedan evitarse, o al menos paliarse, tragedias como la del Casino Royale que cobro la vida de 52 personas.
Los legisladores se comprometieron a sacar adelantes las reformas a la Ley de Juegos y Sorteros, que data de 1947.
