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Iniciativa en Congreso busca castigar con cárcel a quien difame candidatos

El diputado federal del PRI, Arturo Zamora, presentó la iniciativa ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
lun 05 septiembre 2011 04:12 PM
basura electoral
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Los legisladores mexicanos pretenden reformar el Código Penal para castigar hasta con nueve años de cárcel a quien injurie o difame a candidatos, partidos políticos o instituciones, y funcionarios electorales.

Los delitos de injuria y difamación fueron derogados del Código Penal Federal mexicano en 2007, con el argumento de que ya estaban tipificados en las leyes locales, sin embargo al menos cinco estados del país, también los han eliminado de sus leyes y en los que aún persisten solo pueden sancionarse por la vía civil.

La iniciativa, que podría ser aprobada este martes en la comisión de Justicia de la cámara de Diputados, fue presentada por el diputado priista Arturo Zamora, quien en el proceso electoral de 2006 demandó por difamación y calumnia, entre otros, al Partido Acción Nacional (PAN).

"Me llevó dos años y 17 sentencias demostrar que sus acusaciones eran falsas y aún así, solo se les impuso una sanción económica", dijo a CNNMéxico, el legislador quien contendió por la gubernatura de Jalisco en el 2006, y fue acusado de presunto vínculos con el narcotráfico por parte del PAN, cuyo candidato Emilio González, ganó la elección.

"Cuando después de dos años sólo obtienes una imposición de multa, no se hace justicia ni pronta ni en forma", agregó Zamora, al explicar la motivación de la iniciativa.

Los legisladores quieren adicionar dos artículos al Código Penal Federal para imponer una multa que va de 100 a 200 salarios mínimos y prisión de uno a seis años a quien injurie a los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones.

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Cuando el responsable del delito sea un funcionario electoral o de algún partido, un aspirante o un servidor público, la multa se elevará hasta los 300 días del salario mínimo; la pena corporal, por su parte, será de dos a nueve años.

Zamora Jiménez aclaró que la sanción para los servidores públicos será mayor, debido a su facilidad de acceso a información privilegiada.

Agregó que la iniciativa pretende impedir que quien denosta pueda influir negativamente en el elector.

Las campañas de 2006 para elegir presidente de México tuvieron varias expresiones de descalificación y acusaciones entre candidatos y partidos, según consta en las denuncias interpuestas por los propios afectados.

La mayoría de las acusaciones tenían que ver con el uso de recursos públicos a favor de ciertos partidos o candidatos.

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