Publicidad
Revista Digital

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad

WikiLeaks: desde 2009, el crimen pactó con casinos y las autoridades de NL

Cables del gobierno de EU en 2009 detallan la operación ilegal de casinos y la infiltración de los cárteles en las autoridades de Nuevo León
lun 05 septiembre 2011 03:42 PM
El alcalde de Monterrey habla con los medios
EFE. Fernando Larrazabal-Monterrey El alcalde de Monterrey habla con los medios

El incendio provocado  en el Casino Royale y la muerte de más de medio centenar de personas el pasado 26 de agosto, pusieron bajo lupa las relaciones entre las autoridades y la industria de los casinos.

Sin embargo, para el Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, el tema era conocido, por lo menos desde 2009.

Dos cables revelados por WikiLeaks la semana pasada, señalan que la industria de los casinos y capos del crimen organizado habían establecido relaciones con autoridades regionales.

El primer cable, con número de identificación 09MONTERREY259, y redactado el 2 de julio de 2009 por el entonces cónsul general Bruce Williamson, señala que una parte de la violencia en la ciudad fue desatada tras el asesinato en junio de aquel año de Rogelio Garza Cantú, conocido también como El diablo o el Zar de los tables (clubes de caballeros).

De acuerdo con el documento, "una fuente cercana con las operaciones de casinos en la zona" reportó que Omar Ibarra Lozano, presunto asesino material de Garza Cantú y líder del cártel de Los Beltrán Leyva en el municipio de San Pedro, fue arrestado a su regreso de una reunión con Juan José Rojas Cardona, quien es señalado como el autor intelectual del asesinato de Garza.

"Rojas, junto con su hermano Arturo son los más grandes operadores de casinos en el área metropolitana”, explica el cable. Y detalla que “como las licencias para casinos son asignadas a individuos específicos, el casino de Garza no podrá operar, permitiendo a los hermanos Rojas consolidar el control de los casinos en la zona de Monterrey”.

Publicidad

“Nuestro interlocutor —continúa el documento— señaló que los hermanos Rojas donaron ilegalmente 2.5 millones de dólares cada uno para Adalberto Madero, alcalde de Monterrey, así como para Zeferino Salgado, alcalde de San Nicolás”.

Además señala que los hermanos donaron un helicóptero y anuncios para que Salgado fortaleciera su campaña para una diputación local. “Además de las contribuciones a su campaña, se dice que Madero y Zeferino reciben un porcentaje mensual de los ingresos de los casinos”.

A la postre, Salgado se convertiría en delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el estado, y Adalberto Madero sería expulsado del PAN.

El crimen contactó a alcaldes, señala un cable

En septiembre de 2009, el consulado estadounidense en Monterrey emitió otro cable, reseñando la conversación entre el cónsul general de Monterrey con el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández .

La comunicación, de clave 09MONTERREY344 señala que, de acuerdo con el alcalde, “la población desconoce el grado en que los cárteles han infiltrado las instituciones estatales y municipales”.

Fernández explicó: “todos los restaurantes pagan entre 50 mil y 100 mil pesos como tarifa de protección, pese a que en aquel entonces el cártel de los Beltrán Leyva consideraba su municipio como residencia y base de operaciones”.

El documento cita al alcalde señalando que “se le ofrecieron más de 50 millones, aún cuando San Pedro no era un sitio de tráfico de drogas y solo tenía un casino”, aunque éste rechazó el dinero.

Sobre otras autoridades, el cable menciona que “el alcalde de Monterrey y exdiputado, Fernando Larrazábal, podría no haber tenido otra opción más que aceptar el dinero, debido a la presión de los cárteles”.

De hecho, Fernández dice en la plática que “el crimen organizado contactó a los alcaldes ganadores después de la elección (de 2009) para poner en claro las reglas de operación”.

El alcalde de San Pedro (quien apenas comenzaba entonces su mandato) concluye señalando que, “el consenso era que trabajando con el gobernador electo Rodrigo Medina y otros funcionarios electos, tendrían un año para revertir la situación; de otra manera sería difícil reclamar el terreno perdido”.

Este mes se cumplen dos años de la redacción de estos cables.

Publicidad
Publicidad