La Procuraduría Social contará con recursos de los decomisos criminales
Una parte de los recursos para las operaciones de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito provendrán de los decomisos realizados al crimen organizado, informó este jueves el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora.
El funcionario detalló que el monto, que no quiso especificar, se sumará a los recursos asignados para la procuraduría desde la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.
Los recursos técnicos y humanos correrán a cuenta de la Procuraduría General de Justicia (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó Zamora.
"Dejamos las puertas abiertas para que se puedan destinar otro tipo de ingresos, recursos o bienes, derechos que se reciban por cualquier otro título, como las aportaciones de fundaciones o de gobiernos extranjeros que deseen apoyar un proyecto específico".
El presidente Felipe Calderón anunció el martes la creación por decreto de esa Procuraduría , el cual atenderá a las víctimas del delito y evitará la "revictimización", es decir, que aquellos que han sido víctimas de un delito, "enfrenten condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos".
La nueva procuraduría tendrá la obligación de brindar atención médica, asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como brindar apoyo en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.
El subsecretario de Gobernación dijo que no se ha descartado la posibilidad de crear una Comisión de la Verdad, como ha exigido el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del poeta Javier Sicilia, pero enfatizó en que la prioridad actual es tener un listado "con nombre y apellido de los que han sido víctimas de la violencia en el país".
Según lo establecido en el decreto de creación de la Procuraduría Social, el presidente Calderón deberá designar, antes del 1 de octubre, al procurador de la instancia y deberá invitar a los miembros de la sociedad civil que participarán en la junta de gobierno.
Más de 34,600 personas han muerto de forma violenta en México desde 2006, cuando el gobierno federal adoptó la estrategia de combate frontal al crimen organizado, según cifras anunciadas en enero por el gobierno. Con más de 15,000 muertes, 2010 ha sido el año más violento del periodo.
