Veracruz busca reducir el castigo contra tuiteros acusados de terrorismo
El gobierno del estado de Veracruz busca modificar las leyes estatales para que dos usuarios de Twitter, detenidos a finales de agosto por enviar mensajes sobre supuestos ataques a escuelas, sean juzgados por perturbación del orden público y no por terrorismo.
La iniciativa de reforma legal, que fue enviada al Congreso local, representa un giro en la postura de las autoridades de Veracruz, que en un principio acusaron de terrorismo a los tuiteros María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, lo que implica una sentencia de hasta 30 años de prisión. El equipo del gobernador Javier Duarte ha sido duramente criticado por presentar esos cargos.
El delito de perturbación del orden público sería considerado menor y se castigaría con entre uno y cuatro años de cárcel o una multa de 500 a 1,000 días de salario mínimo (de 29,900 a 59,800 pesos, o de 2,335 a 4,670 dólares), informó el gobierno veracruzano en su página web .
La medida implica cambios al Código Penal estatal y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y, para entrar en vigor, aún debe ser aprobada por el Congreso local. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece el gobernador Javier Duarte, tiene 28 de los 50 asientos en el Legislativo, lo que aumenta las probabilidades de que la propuesta sea avalada.
“Lo que se busca es dar atención a estas peticiones (que solicitan una menor sanción)”, dijo este lunes el secretario de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, a la emisora Radiofórmula.
Bravo Pagola y Martínez Vera fueron arrestados por difundir en Twitter varios mensajes sobre supuestos ataques a escuelas en los municipios de Veracruz y Boca del Río. Las autoridades veracruzanas justificaron los cargos contra los tuiteros argumentando que confesaron haber enviado mensajes para generar terror entre la población.
Asociaciones de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de México afirman que su encarcelamiento vulnera la libertad de expresión y exigen su liberación o, al menos, que se les dé un juicio justo . La semana pasada, sus abogados promovieron un amparo contra la orden de formal prisión que pesa sobre ellos.
El senador Francisco Javier Castellón, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y un grupo de activistas acudieron este lunes al penal donde los tuiteros se encuentran recluidos. Mostrando pancartas con el lema #Twiterxlibres, demandaron que los detenidos sean liberados.
El gobierno de Tabasco, una entidad que colinda con Veracruz, también busca modificar las leyes estatales para castigar hasta con cinco años de prisión a quienes por cualquier medio difundan mensajes que generen “alarma social” .