Comisión legislativa investigará irregularidades en permisos a Royale
El Congreso del norteño estado de Nuevo León instaló este miércoles una comisión especial investigadora que se encargará de revisar presuntas irregularidades cometidas en el otorgamiento de permisos al casino Royale, donde el pasado 25 de agosto murieron 52 personas y un nonato.
La comisión tiene el objetivo de investigar la situación jurídica de los permisos del casino para operar en la capital , Monterrey, otorgados por autoridades de los tres niveles de gobierno, explicó el presidente del grupo, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza.
El legislador señaló que del análisis de los documentos se desprende una contradicción entre las autoridades locales y federales. Explicó que en septiembre de 2007, el municipio de Monterrey otorgó a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta el permiso de uso de suelo para operar un centro de apuestas, pero que en 2009 autorizó el cambio de uso por el de un restaurante para vender bebidas alcohólicas.
El diputado señaló que estos cambios no están en el permiso otorgado por la Direción Adjunta de Juegos y Apuestas de la Secretaría de Gobernación (Segob), que sólo contempla a una empresa subarrendada, CYMSA Corporation, con un domicilio fiscal distinto al que se muestra en los otros documentos.
“La documentación evidencía la contradicción en la que han incurrido diversas autoridades (...) hay un sinnúmero de acciones muy burdas que huelen muy mal”, dijo Gutiérrez de la Garza al terminar la sesión, quien también es líder de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local.
En la sesión, los diputados presentaron una relación de documentos, entre los que destacan copias de permisos otorgados por la Segob y las autoridades municipales, oficios de Protección Civil de Nuevo León y copias de sesiones del cabildo de Monterrey.
La comisión, integrada por distintos partidos, concluirá su trabajo el próximo 14 de octubre, salvo que el pleno del Congreso estatal solicite una prórroga. También se encargará de realizar solicitudes de información a dependencias, de deslindar responsabilidades y presentar informes provisionales.
Hasta este miércoles, sólo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León y Protección Civil estatal había presentado toda la documentación requerida por la comisión a través de solicitudes de información, pero no la Segob y el municipio de Monterrey.
Los integrantes tomaron el acuerdo de abrir un espacio en la página web del Congreso para recibir denuncias relacionadas con el casino Royale y en el que también publicarán información del caso, además se dará seguimiento a la atención de las víctimas, entre ellas clientes y trabajadores.
La investigación del Congreso se realiza de forma paralela a la que hacen la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, y el gobierno federal a través de la Segob, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República (PGR)
La investigación por el caso Casino Royale significó un revés para los gobiernos de Monterrey y de Nuevo León. Distintos grupos políticos pidieron la salida temporal del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, y del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Ambos funcionarios descartaron la suspensión de labores y se inclinaron por impulsar las averiguaciones.
El ataque en el Casino Royale es uno de los incidentes más violentos desde 2006, cuando el gobierno federal inició su estrategia de combate frontal al crimen organizado.
