Veracruz: discuten reformas para atenuar cargos a 'tuiteros'
Los dos ciudadanos de Veracruz acusados de terrorismo y sabotaje por difundir mensajes de alarma a través de las redes sociales Twitter y Facebook, y que causaron pánico en dos municipios, podrían ver reducidas sus posibles penas con la reforma que hoy vota el Congreso del estado.
Diputados de Veracruz tienen previsto votar este martes la iniciativa de reforma para adicionar el delito de "perturbación del orden público" al código penal local, y encuadrar acciones como las cometidas por los dos usuarios de redes sociales detenidos por incurrir en presunto "terrorismo y sabotaje".
María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera fueron acusados por el gobierno estatal, luego de la psicosis desatada en el Puerto de Veracruz y municipios aledaños el jueves 25 de agosto, cuando se difundieron mensajes sobre supuestos hechos violentos en escuelas.
El gobernador, Javier Duarte de Ochoa, envió al congreso la iniciativa de decreto para adicionar un capítulo denominado "perturbación del orden público" al artículo 373, el cual establece penas que van de uno a cuatro años de cárcel y multas de 500 a mil días de salario mínimo (entre 25,000 y 50,000 pesos).
La legislación vigente, en el artículo 311 del código penal, contempla que las personas acusadas de "terrorismo" pueden alcanzar penas de entre uno y 30 años de cárcel, sin derecho a fianza.
Según la iniciativa de Duarte, se castigará "a quien afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud; ocasionando la perturbación del orden público".
En el artículo y en la exposición de motivos, se establece que los mensajes no necesariamente deben ser difundidos a través del Internet. Además, se debe comprobar que las informaciones difundidas hayan sido falsas y que sí se haya creado alarma entre la población para que proceda el castigo.
"En el caso de esta iniciativa debe reiterarse que los elementos del tipo delictivo se constriñen a la falsedad de la afirmación y a la intención de perturbar el orden público, con absoluta independencia del medio que se emplee, puesto que no se trata de criminalidad el uso de cualquier medio de expresión o comunicación", dice la iniciativa.
El abogado y exdiputado de Convergencia, Sergio Vaca Betancourt, explicó a CNNMéxico que, una vez aprobada la iniciativa, el gobierno tendría que desistirse de las acusaciones por el delito de sabotaje y derogar el artículo 311 del código penal para que los tuiteros obtengan su libertad .
Así, aún cuando llegue a aprobarse la iniciativa, "de cualquier manera se quedan en la cárcel por sabotaje porque es delito grave”. Y se debe derogar el 311 porque "ahora va a haber dos artículos en el mismo código penal que consideran delito la misma conducta pero con distintas penalidades, eso se llama antinomia", dijo Sergio Vaca.
Explicó que no hay posibilidad de reclasificar el delito porque esto debe hacerse dentro del término constitucional de 72 horas, por lo que queda la opción de que "el juez diga me equivoqué" cuando se desahoguen todas las pruebas y se le manda el caso al procurador para iniciar una vez más el proceso, lo cual -dijo- podría tardar un año aproximadamente.
El domingo pasado, la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad exigió al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, la liberación de los dos presos durante un mitin realizado en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa, Capital del estado.
El escritor Javier Sicilia, cabeza del movimiento ciudadano , condenó ante unas 5,000 personas la "criminalización" a la que, dijo, el gobierno de Veracruz sometió a los dos acusados de terrorismo y sabotaje. Calificó la acción como "una condena desproporcionada".
Usuarios de las redes sociales y diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, condenaron la actuación del gobierno veracruzano. El 11 se septiembre, la Arquidiócesis de Xalapa pidió al gobierno reconsiderar su postura, asegurando que los inculpados no pueden ser tratados como "asesinos ni terroristas".
En entrevista concedida a diversos medios de comunicación, el 12 de septiembre en Boca del Río, el gobernador de Veracruz reconoció que no había un marco legal adecuado para juzgar a María de la Luz Bravo y Gilberto Martínez , y agregó que su iniciativa buscaba castigar a lo que llamó "terrorismo atenuado".
La iniciativa fue criticada por Sicilia y la comparó con el "crimen de sedición" que, según dijo, derivó en la represión de estudiantes universitarios en 1968 en la Ciudad de México. "Es un abuso de control autoritario, es un eufemismo. Le pedimos a los diputados que no aprueben esa ley", agregó el poeta.
El 13 de septiembre, la defensa jurídica de los inculpados, representada por Claribel Pérez, anunció que no se acogerá a la nueva ley y continuarán con el proceso jurídico en el que un juez federal dio entrada al amparo solicitado por los tuiteros.
"No vamos a acogernos a esa nueva propuesta porque al momento que se suscitaron los hechos por los que se les detuvo, no estaba tipificado en el código penal y entonces sería aceptar que ellos cometieron un ilícito inexistente hasta ahora como es el de perturbación social", aseguró en ese momento.
La defensa Bravo Pagola y Martínez Vera tendrán audiencia este 23 de septiembre ante un juez federal, cuando se realice la audiencia entre las dos partes y buscarán obtener su libertad bajo amparo..
