A mes de Royale: Entre discusión política y autores intelectuales libres
A casi un mes de la tragedia del casino Royale, donde murieron 52 personas , las investigaciones de las autoridades de Nuevo León y el gobierno federal no han podido dar con el paradero de los autores intelectuales del atentado y conforme pasan las semanas el ataque se ha convertido en una discusión política.
La tragedia llevó al presidente Felipe Calderón a colocar una ofrenda en el lugar del incendio, donde anunció tres días de luto nacional , cuando las banderas de México se izaron a media asta.
Hasta la fecha, 9 autores materiales han sido detenidos por las autoridades. 17 más siguen libres, y la Procuraduría General de la República (PGR) ofrece recompensas que van de 5 a 15 millones de pesos por información que conduzca a su captura.
La PGR ha dado a conocer los rostros de cuatro líderes de Los Zetas que participaron en el ataque. Horas después del anuncio, el padre, la madrastra y el hermanastro del expolicía Miguel Barraza García –detenido por servir como espía al servicio de la delincuencia– fueron asesinados en el interior de su domicilio, sin que tampoco hayan sido detenido los autores del crimen.
El Centro de Atención a Víctimas de la PGR y el Centro de Justicia Familiar de la procuraduría estatal ofrecieron apoyo jurídico y atención psicológica a los deudos, además de la recuperación de bienes abandonados en el casino, como automóviles y efectos personales.
El sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Nuevo León, ofreció a los familiares apoyos de hasta 15,000 pesos en paquetes funerarios, que consistían en la recolección del cuerpo, embalsamamiento, arreglo estético, entre otros servicios más. Sin embargo, no todas las familias lo necesitaron.
Los deudos relataron que el atentado cimbró a la ciudad, afectada por una ola de violencia desde 2010. Con dolor y llanto, narraron la desesperación ocasionada por el hermetismo de las autoridades y la lentitud en el proceso de identificación de los cadáveres.
Siete víctimas quedaron calcinadas, así que fueron necesarias pruebas de ADN. Mientras esperaban los resultados, los familiares aún recorrían diversos hospitales del área metropolitana de Monterrey, con la esperanza de que sus parientes estuvieran vivos.
Bomberos y brigadistas que participaron en labores de rescate rememoran una escena en particular: decenas de cadáveres apilados en los baños del casino; algunos , cuentan, estaban aferrados a sus celulares, que continuamente se activaban, y otros, en una posición que parecía plegaria.
El apoderado del casino Royale, Juan Gómez Jayme, anunció públicamente que indemnizáría a las familias de los trabajadores que murieron en el atentado. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) señaló ante medios que 270 empleados sobrevivientes, afiliados al organismo, seguirían con su salario hasta que consiguieran otro trabajo.
La investigación de la PGR y la procuraduría de Nuevo León se realiza de forma paralela a la del Congreso estatal, que el pasado 14 de septiembre instaló una comisión especial para indagar sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos al Royale.
El presidente de la comisión, el líder de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Gutiérrez de la Garza, señaló que había contradicciones entre los permisos otorgados por autoridades federales y locales.
El legislador dio a conocer que la administración de Fernando Larrazabal nunca clausuró el casino en mayo pasado, como el edil dijo . Aseguró que el Royale tenía un permiso otorgado en septiembre de 2007 con un domicilio distinto al que figura en la orden de clausura de 2011.
Por su parte, el edil calificó a la comisión como “una cortina de humo” para distraer la atención del público y un medio para lucrar políticamente con la tragedia.
La comisión concluirá su trabajo el próximo 14 de octubre, salvo que el pleno del Congreso estatal solicite una prórroga.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) –al que pertenece Larrazabal– exhortó al alcalde a ausentarse de su cargo, después de que se dieran a conocer videos en los participaban en presuntas extorsiones al casino Red su hermano Jonás y el secretario de Desarrollo Humano, Miguel Ángel García, quien fue inhabilitado de sus funciones por 30 días.
El desacato del alcalde al exhorto provocó que el PAN iniciara un proceso en su contra, en el cual se le suspendieron sus derechos político electorales, esto implica, entre otras cosas, que no podrá postular por ningún cargo ni votar al interior del partido.
Jonás permanece en arraigo (prisión preventiva) hasta su juicio, sin posibilidad de ampararse hasta que concluya el proceso.
Este martes el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que suspendió de sus funciones al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño y el secretario de juzgado Gerardo Tiscareño Mercado por “posibles conductas irregulares” en resoluciones ligadas a casinos, entre ellas, un amparo otorgado en 2008 a Atracciones y Emociones Vallarta.
Después del atentado, diversas organizaciones civiles convocaron a dos manifestaciones pacíficas afuera del Palacio del gobierno estatal, pero fueron frustradas por individuos ajenos a las consignas ciudadanas.
