Calderón entra a la discusión por el derecho a la vida desde la concepción
El presidente Felipe Calderón se sumó al debate sobre el derecho a la vida desde la concepción, al solicitar al Senado retire una Declaración Interpretativa que México realizó en 1981 y que establece que el Estado no está obligado a regular la penalización del aborto.
“Al retirar la Declaración Interpretativa, México refrenda un compromiso con el derecho a la vida como un bien jurídicamente tutelado por el Derecho mexicano”, detalló en un comunicado la Presidencia de la República.
Calderón hace énfasis en que el retiro de la Declaración Interpretativa no implica obligaciones ni modificaciones jurídicas en la actual Constitución o en las legislaciones locales, pero se solicitó para “asumir a plenitud el respeto a los derechos humanos”.
La Declaración Interpretativa que el presidente solicitó retirar es la referente al párrafo uno del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , conocida como el Pacto de San José, adoptada el 22 de noviembre de 1969.
“El Pacto de San José es una especie de símbolo para los grupos provida. Lo que el presidente está haciendo no es una medida jurídica. Está haciendo un uso político de sus facultades para presionar a la Suprema Corte. Con el uso político de su posición, está empujando una agenda ideológica”, dijo Alejandro Madrazo Lajous, Doctor en derecho por la Universidad de Yale.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició esta semana una discusión sobre la facultad de las entidades federativas para definir si desde la concepción, una persona se vuelve sujeto de derecho y legislar al respecto.
El texto de la Convención Americana establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Según Madrazo Lajous, México interpretó ese párrafo como que no estaba obligado a establecer acciones concretas para imponer penalizaciones por el aborto.
“El propio tratado en su elaboración es muy claro en que no hay obligación para penalizar el aborto, por eso (la petición de Calderón) no va a tener mayores efectos jurídicos, pero vemos a un presidente que está dispuesto a modificar las solvencias internacionales del país, a trastocar el régimen de tratados que rigen al país para empujar su agenda ideológica”, dijo el abogado.
La actual discusión en la SCJN sobre la inconstitucionalidad de las legislaciones en Baja California y San Luis Potosí respecto al derecho a la vida, no tiene vínculo directo sobre la despenalización del aborto, pero sí tiene efectos sobre el uso de métodos anticonceptivos como el Dispositivo Intrauterino (DIU) y la fecundación asistida.
La tarde del lunes, el Partido Acción Nacional (PAN) —al cual pertenece Calderón—, anunció que promovería una reforma a la Constitución para proteger el derecho a la vida desde la concepción si el falló de la SCJN era contra las legislaciones estatales.
El tema del aborto y la facultad de una entidad para sancionar o permitir la interrupción del embarazo, se ha debatido en la SCJN desde que en 2007 el Distrito Federal despenalizó la interrupción del embarazo.
La reforma fue impugnada por la Procuraduría General de la República (PGR), pero la Corte la avaló en 2008. Desde entonces, 17 estados han hecho modificaciones contitucionales para proteger la vida desde la concepción.
