Activistas denuncian que ley de Acciones Colectivas quedó 'sin dientes'

Rodrigo Mendoza, un joven arquitecto y contratista dedicado a dar mantenimiento a instalaciones estratégicas de una empresa telefónica, tuvo problemas con la red de su celular cuando estaba en una comunidad de la zona de la Montaña, en Guerrero.

Durante 48 horas, Rodrigo no pudo hacer ninguna llamada y no tenía internet, a pesar de encontrarse muy cerca de una torre de celular. En ese tiempo, perdió dos contratos para realizar otros trabajos. Semanas después, la empresa de telefonía le reembolsó a Rodrigo 149 pesos por no haber proveído el servicio por dos días… pero nadie le pagó el dinero que perdió por no poder comunicarse.

Historias como esta se repiten día a día en todo el país y no pueden solucionarse porque no está regulado el procedimiento para que los consumidores presenten acciones legales en grupo contra empresas que provean un mal servicio, o contra el gobierno, por no cumplir alguna de sus obligaciones.

Aunque les llevó años de cabildeo y presión, los grupos de la sociedad civil que exigían la  aprobación de la figura de acciones colectivas  hoy piden vetar la legislación al respecto.

En abril pasado, la Cámara de Diputados dio luz verde a la Ley de Acciones Colectivas, luego que en julio de 2010 se aprobara incluir  la figura de acciones colectivas  en la Constitución Mexicana, con lo que se abrió la posibilidad de que un grupo presente un juicio contra el gobierno o alguna empresa cuando sea víctima de un fraude, cobro indebido o mal servicio.

Sin embargo, para sus principales promotores, estos cambios son claramente insuficientes, por lo que piden al presidente Felipe Calderón que no publique la reforma.

"Lo que nos preocupa mucho es que nos dejaron en el limbo, ni se publica la ley en el Diario Oficial ni se veta, y yo sí quiero pensar —puesto que las otras reformas ya fueron publicadas— que el presidente está considerando en un acto reflexivo, de responsabilidad y de justicia, vetar la ley", dijo a CNNMéxico Adriana Labardini, abogada especialista en telecomunicaciones y cofundadora de la organización AlConsumidor.

Pero uno de los grupos más importantes que cabildeó los cambios constitucionales, la Asociación de Banqueros de México (ABM), aplaudió que las modificaciones protejan también a las empresas.

"Yo creo que la ley que el Congreso promulgó es una gran ley, (…) creo que el Congreso de la Unión actuó con gran sabiduría escuchando a las organizaciones civiles y organizaciones de consumidores, tomando sus puntos de vista, pero también tomando en cuenta al sector empresarial", expuso en conferencia de prensa Luis Robles Miaja, presidente ejecutivo de la ABM.

"Se evitaron también abusos que por cierto en Estados Unidos y en la Unión Europea hoy se está echando para atrás, de los sistemas tradicionales de acciones colectivas".

Una  reforma 'sin dientes'

El procedimiento para comenzar un juicio colectivo implica que el grupo demandante tenga un representante legal y, después, el reclamo debe ingresarse y seguirse en la localidad donde se encuentra domiciliado el demandado.

"Esta es una petición absurda. El 90% de las empresas están domiciliadas en el Distrito Federal; eso quiere decir que si vives en Tijuana o en Chihuahua y quieres demandar a una compañía por un mal servicio debes venir a presentar el caso y a las audiencias a la Ciudad de México, lo que hace prácticamente imposible que alguien siga ese procedimiento", explicó Daniel Gershenson, director de la organización AlConsumidor.

En otros países donde se aplica la figura de acciones colectivas, explicó Gershenson, los juicios muchas veces terminan en indemnizaciones pequeñas para los consumidores, comparado con el daño que se les causó, sin que haya la necesidad de hacer traslado alguno.

"Si la empresa telefónica te va a devolver 500 o 1000 pesos por un daño que te causó —y que tienes todo el derecho de reclamar— es imposible que viajes al Distrito Federal. Esa es una trampa legal para no pagar", argumentó el activista.

Hasta julio de este año, entre los organismos o empresas con más quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor estaban la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 3 mil 822; Radiomovil Dipsa (Telcel), con mil 526; y Comercializadora de Frecuencias Satelitales (Dish), con mil 188.

Además, en el marco legal aprobado se eliminó la figura de "perjuicio", hecho que dejó "sin dientes" a la reforma para castigar a las empresas y evitar que vuelvan a cometer alguna falta.

"El perjuicio es, jurídicamente, que te restituyan en lo que dejaste de ganar de dinero por culpa de otro", explicó Labardini.

Así que para los activistas, la historia de Rodrigo no se repetiría si esta figura estuviera instrumentada de forma correcta y, además de pagar la falta del servicio, se resarcieran los daños y se impusiera una multa a la empresa.

"En una misión paralela a su misión de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada, el presidente Felipe Calderón también debería combatir la impunidad de 'cuello blanco' y dejar que el Congreso corrija esta ley; el presidente debe vetar esta ley", insistió la abogada de AlConsumidor, Labardini.