Sinaloa cierra 12 cárceles municipales por considerarlas inoperantes
Por incumplir los requisitos de seguridad, registrar hacinamiento de internos y tener reportes de violaciones a los derechos humanos, el gobierno del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, ha cerrado 12 cárceles municipales en un lapso de nueve meses.
Las órdenes emitidas por el gobierno de Mario López Valdez, quien asumió el poder en 2010, implican que actualmente solo funcionen seis cárceles estatales y regionales en la entidad, considerada una de las más violentas del país por la actividad de narcotraficantes.
El secretario de Seguridad Pública local, Francisco Córdova, informó que 250 presos de esos penales fueron trasladados a los centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Navolato, Mazatlán y Angostura.
Córdova dijo a periodistas que la reubicación busca que se evite el hacinamiento de presos, lo que contribuye a su seguridad y a preservar los derechos humanos. Las autoridades afirman que esas instalaciones tienen capacidad hasta para 1,500 presos más.
Sinaloa tiene 18 municipios y una población de dos millones 767,761 habitantes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
“Eran penales muchos de ellos que se hicieron hace 100 años y no cumplían con lo más mínimo de los estándares internacionales para la rehabilitación y para la custodia de los internos; estamos muy agradecidos con el Poder Judicial, estamos muy agradecidos con los ministerios públicos, que facilitaron en un tiempo récord el traslado de estos internos a los penales más grandes”, dijo Córdova.
Juan Ramón Valenzuela, director de Prevención y Readaptación Social de Sinaloa, explicó que el hecho de que los internos permanecieran en cárceles municipales los mantenía en una desventaja legal, porque se les complicaba acceder a una reducción de pena o libertad anticipada por buena conducta.
Aseguró que los cambios y el traslado de internos a los penales estatales no se realizaron de manera improvisada, puesto que el Tribunal de Justicia del Estado autorizó el proceso, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Valenzuela detalló que algunos de los centros cerrados fueron demolidos, otros serán convertidos en oficinas y uno más incluso será convertido en un museo. Algunos penales afectados estaban en los municipios de San Ignacio, Cosalá, Elota, El Rosario, Concordia, Badiraguato, Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura.
Según el gobierno estatal, en la entidad hay 5,798 internos y el 30% de ellos cometieron delitos del fuero federal, como crimen organizado, narcotráfico o posesión de armas exclusivas del Ejército.
En 2010, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) reportó que las cárceles del país están rebasadas en alrededor del 30%. En junio de ese año, 29 reos murieron en riñas en el penal sinaloense de Mazatlán .
Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, advirtió a las autoridades en septiembre pasado sobre la situación en la cárcel de San Ignacio.
Ríos Estavillo afirma que Sinaloa ocupa uno de los últimos lugares en las condiciones de sus centros penitenciarios.
