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La Procuraduría de víctimas encara el reto de la protección tras un delito

La Procuraduría social aspira a evitar la doble victimización a base de justicia y protección de los afectados con dependencias estatales
lun 10 octubre 2011 01:59 PM
La comunidad del Tec de Monterrey colocó un altar para recordar a las víctimas del viernes
ntx-tec-estudiantes La comunidad del Tec de Monterrey colocó un altar para recordar a las víctimas del viernes

La  Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (Províctima) arrancó este lunes su lucha contra "la indolencia, el maltrato y la insensibilidad de servidores públicos" hacia las víctimas, según aseguró en la inauguración el presidente Felipe Calderón, que pidió que las instituciones cumplan con su labor y no descuiden los casos.

"Evitemos hasta donde sea posible la acción que bien intencionada termina siendo una no solución: la canalización. Tenemos que acabar con eso, no se trata de evitar que las dependencias hagan su trabajo", indicó. 

La nueva procuraduría tendrá la obligación de brindar atención médica, asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas

Felipe Calderón recordó el principal objetivo de ProVíctima es evitar la doble victimización, es decir, sufrir "la violencia misma y por otro lado la indolencia, maltrato e insensibilidad de servidores públicos (...) que obstaculizan la procuración de justicia. Cada víctima es una herida que está abierta en nuestra sociedad, que esos delitos no queden en la impunidad", dijo Calderón. 

Uno de los propósitos es identificar a todas las víctimas por medio de las Procuradurías de Justicia de todo el país, y así focalizar la búsqueda de quienes han desaparecido a manos de los criminales, y prestar toda la asistencia a sus familias.

Sara Irene Herrerías Guerra, hasta ahora fiscal especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas en la Procuraduría General de la República (PGR), estará a cargo de la institución. 

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Los ciudadanos que participarán en la junta de gobierno son Alejandro Martí, de la organización México SOS; María Elena Morena de Causa en Común; e Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro y Patricia Caso.

La nueva procuradora social dijo que trabajará para construir un vínculo de confianza y coordinación entre las autoridades encargadas de dar justicia a las víctimas del crimen. "Debo trabajar para identificar a todas las víctimas. Es indispensable hacerle a todas justicias, sanar nuestro México", dijo Sara Irene Herrerías.

El teléfono 01-800-víctima (01-800-842-8462) está disponible para denunciar cada caso y comenzar el proceso de recibir atención de parte de ProVíctima, cuya junta de gobierno fue instalada el viernes pasado por Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación (Segob).

El titular de la instancia encargada de la política interna del país presidirá la Procuraduría de Víctimas, que además contará con la participación de otros secretarios de Estado como el de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, la procuradora General de la República y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Procuraduría se creó por decreto el 6 de septiembre pasado cuando éste se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El presidente Felipe Calderón informó entonces que la procuraduría se enfocaría en acciones a favor de las víctimas para dar atención digna e integral a los afectados por la violencia en el país.

Organizaciones civiles impulsoras de la institución como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad criticaron que se haya creado la procuraduría sin atender las peticiones de las víctimas y aseguran que no se ha dado la capacitación adecuada para que los funcionarios cumplan con la atención integral que prometen.

Más de 34,600 personas han muerto de forma violenta en México desde 2006, cuando el gobierno federal adoptó la estrategia de combate frontal al crimen organizado, según cifras anunciadas en enero por el gobierno. 

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