Los desafíos del gobernador de Nuevo León, a dos años de gobierno

El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, presenta este miércoles su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso estatal.

La seguridad, los derechos humanos, las finanzas públicas y las depuraciones de los cuerpos policiales son algunos de los retos de su administración, de acuerdo con especialistas consultados por CNNMéxico.

Medina, quien pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha enfrentado uno de los mayores sucesos violentos a nivel nacional: el ataque al casino Royale, tras el cual, algunos grupos ciudadanos pidieron su renuncia. Además, enfrentó las consecuencias del huracán Alex, el peor desde que Gilberto azotara la región, en 1988.

A continuación te presentamos un panorama de los desafíos para la entidad.

Seguridad

La lucha entre grupos del crimen organizado por el control del estado de Nuevo León, como el cártel del Golfo y Los Zetas, ha incrementado la cifra de homicidios dolosos. A septiembre de 2011, los asesinatos ascendían a 1,540, un 28% más que todos los de 2010 y 2009, según cifras de la procuraduría local.

El 57% de estos delitos está relacionado con disputas entre bandas de la delincuencia organizada, anunció este lunes el vocero de seguridad, Jorge Domene Zambrano, en conferencia de prensa.

Los especialistas coinciden en que la situación de violencia se suma a un clima de corrupción. “Hay un sentimiento generalizado de una impunidad que se ve en Nuevo León. Es decir, no solamente no hay las condiciones de seguridad, sino que cuando se cometen delitos no hay un seguimiento puntual de parte de las autoridades de procuración de justicia”, explicó Hernán Salinas Wolberg, líder de la bancada legislativa del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Nuevo León.

El ataque al casino Royale el pasado 25 de agosto, donde murieron 52 personas, es el ejemplo más representativo de esta situación.

“(El caso) es el vínculo íntimo que existe entre corrupción e impunidad, violencia e inseguridad, es decir, el casino operaba bajo las condiciones de una red de corrupción e impunidad de autoridades municipales y estatales”, comentó el director de la asociación civil Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Miguel Treviño de Hoyos.

La comisión investigadora de esta tragedia en el Congreso de Nuevo León dio a conocer que existían irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo y contradicciones de domicilios fiscales en la casa de apuestas.

Desapariciones forzadas

Asociaciones civiles afirman que las desapariciones forzadas también son un desafío para el gobierno en turno.

De acuerdo con Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), hay documentados 97 casos de desapariciones forzadas en Nuevo León, pero la cifra sube a unos 650 si se toman en cuenta los casos que no han sido denunciados.

“Detrás de ese número hay familias que nos están hablando de niños huérfanos, viudas o personas que se están quedando verdaderamente desprotegidas”, dijo la directora del organismo, Consuelo Morales.

“En un 35% de los casos que nosotros tenemos documentados hay intervención de agentes de tránsito, policías municipales, estatales y ministeriales, así como de las Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta agosto de este año se han registrado 41 casos de privación de la libertad.

Evaluación a policías

Las pruebas a los elementos de las corporaciones policiales ha sido un tema controvertido.

El pasado 16 de mayo, el secretario ejecutivo del SNSP, Miguel Alcántara Soria, aseguró que de las 32 entidades federativas sólo Nuevo León había sometido a todos sus altos mandos a pruebas de control de confianza.

Sin embargo, a fines de junio, tras el asesinato de un funcionario de Seguridad municipal, el gobernador admitió que no había antecedentes de la evaluación de éste.

Al respecto, Treviño de Hoyos, dijo que el gobierno estatal debería trabajar más en la coordinación con los 51 municipios de la entidad, para agilizar las pruebas de control de confianza a policías.

Estas consisten en exámenes psicológicos, toxicológicos y sociodemográficos, entre otros.

Nuevo León cuenta con el Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Control de Confianza (CISEC), donde se realizan estas pruebas, las cuales están contempladas dentro de los objetivos recogidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en 2008 entre los gobiernos estatales y federal.

Deuda de Nuevo León

A junio de 2011, el gobierno del estado tenía una deuda de alrededor de 34,000 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), unos 7,400 pesos por habitante.

Roberto Gallardo, director de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI), criticó la poca recaudación fiscal que hay en la entidad, que tiene la deuda pública más elevada del país en proporción al número de habitantes.

Rodrigo Medina también se enfrentó a un desastre natural a principios de julio de 2010: el huracán Alex. El gobierno federal destinó casi 17,000 millones de pesos para la reconstrucción del estado, después de una negociación entre legisladores, estado y la Federación.

Gallardo consideró que Medina desaprovechó la crisis para detonar la industria a nivel local, pues en la reconstrucción sólo participaron grandes constructoras, y no pequeños y medianos empresarios.

Los aciertos

Los especialistas reconocieron que hay puntos donde el gobierno de Rodrigo Medina ha avanzado, como la coordinación con la administración federal y el trabajo con movimientos sociales.

En agosto de este año y luego del ataque al Royale, el gobierno federal envió a Nuevo León 3,000 elementos de la Policía Federal, la Marina y el Ejército, para apoyar en el combate a la delincuencia organizada.

“El estado tiene buena presencia de estos elementos y están ayudando a generar una situación de mayor presencia de la fuerza púbica en el espacio, y eso genera más certidumbre”, dijo Treviño de Hoyos.

El director de Ccinlac también destacó la creación de la Policía Estatal Acreditable, cuyo fin es tener elementos evaluados, con salarios dignos y asistencia social, así como con equipo de protección, armamento y transporte de última tecnología.

Sobre el trabajo con movimientos sociales, la directora de CADHC explicó que la procuraduría del estado ha avanzado en algunos casos de desapariciones forzadas desde que Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se reunió con el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos.

“Quizá los casos no se han movido con la agilidad que nosotros deseáramos, quizá no con los resultados que a nosotros nos gustaría tener, pero se empieza a ver movimiento e investigación en la procuraduría”, admite Morales.

Gallardo, director de la ANEI, dice que el mayor acierto de Medina es “el manejo de su imagen”, pues ha minimizado la percepción negativa de los ciudadanos ante las crisis en seguridad desde el inicio de su administración.

El diputado Salinas Wolberg, del PAN, reconoció que “hubo una respuesta rápida durante la crisis del huracán Alex, de alguna manera, pero hay que recordar que incluso en eso hubo un apoyo federal sustancial”.

CNNMéxico buscó al líder de la bancada del PRI —al cual pertenece Medina— en el Congreso local, Héctor Gutiérrez de la Garza, para conocer su postura sobre el desempeño del mandatario, pero dijo que este miércoles el partido emitiría su opinión.