El Estado mexicano acepta su responsabilidad por el caso Radilla
Después de 37 años de lucha, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad en la desaparición forzada del activista y líder comunitario Rosendo Radilla en 1974 a manos de militares durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, que abarca la década de 1970, en donde el gobierno reprimió movimientos estudiantiles y guerrilleros. El Estado ofreció disculpas públicas a la familia Radilla por el sufrimiento que padecieron durante todos esos años.
En un acto en el municipio de Atoyac de Álvarez, el mismo lugar en donde ocurrió la desaparición, ubicado en la Costa Grande de Guerrero en el sur de México, el encargado de la Secretaría de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, encabezó el acto público de responsabilidad del gobierno mexicano en esos hechos, y donde se estableció que acatarán la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el 2008.
"El gobierno hacía uso de todos los medios a su alcance para acallar las voces que clamaban por justicia, libertad y democracia”, aseguró Gutiérrez en alusión a aquella época de los 70. Añadió que se censuraban las críticas sobre la pobreza, y la gente padecía las arbitrariedades y abusos de un gobierno autoritario.
“La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco fue un caso de represión, pero su lucha no ha sido en vano”, dijo. El caso sirve como un ejemplo de lucha por libertades y derechos que deben ser respetados por los gobiernos, según el funcionario, quien agregó que se están utilizando todas las herramientas necesarias para la localización de los restos de Radilla . "No puede quedar impune". Por primera vez en estos 37 años, el gobierno federal busca a los responsables.
Una Comisión de la Verdad encabezada por líderes y activistas que vivieron la lucha en la Guerra Sucia en Guerrero abordará el caso.
Al menos 33 casos están registrado en la entidad, aunque organismos de derechos humanos aseguran que existen familiares de desaparecidos que reclaman más de 500 cuerpos, entre estudiantes, campesinos y maestros en su mayoría.
Todos esos casos de desaparición forzada se dieron durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese periodo, entre ellos el del priista Rubén Figueroa Figueroa.
El caso del pasado
El activista y líder comunitario, Rosendo Radilla Pacheco, era originario del poblado Las Clavellinas, del municipio de Atoyac en la Costa Grande de Guerrero, y sus trabajos se enfocaban en la lucha social y campesina.
Fungió como presidente del consejo municipal y presidente de la sociedad de padres de familia del Patronato Pro Escuela Federal Modesto Alarcón y participó en la fundación de la Liga Agraria del Sur, Emiliano Zapata.
Padre de 12 hijos, Radilla desapareció el 25 de agosto de 1974, cuando viajaba a bordo de un autobús que lo llevaba del municipio de Atoyac a Chilpancingo, la capital de Guerrero.
En ese trayecto, el camión paró en un retén militar en donde efectivos lo detuvieron bajo la acusación de componer corridos, y desde ese momento su familia nunca volvió a saber de él.
Una de sus hijos, Tita Radilla, inició la lucha por la localización de su padre como vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (AFADEM).
Tita Radilla llevó el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.