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Los familiares de presunto torturado piden indemnización a la Marina

La Marina aceptó la recomendación de la CNDH con la que se comprometió a indemnizar a la familia de José Márquez, presuntamente torturado
mar 22 noviembre 2011 10:07 AM
Foto de torturado y asesinado por Marina
José Humberto Márquez Compeán 1 Foto de torturado y asesinado por Marina

MONTERREY, Nuevo León (CNNMéxico) — José Humberto Márquez Compeán, un albañil de 26 años, fue detenido por policías municipales el 21 de marzo de 2010 y trasladado por marinos a Monterrey, capital de Nuevo León, según documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Al día siguiente, apareció muerto en un terreno baldío a tres kilómetros de una base de la Marina, con aparentes signos de tortura.

El 7 de junio de 2011 la CNDH emitió la recomendación 34/2011 , en la que instaba a la Secretaría de Marina (Semar) a indemnizar y a ofrecer atención psicológica a la familia de José Humberto, bajo el supuesto de que fue torturado y asesinado por marinos . La institución aceptó la recomendación el día 16 del mismo mes.

Human Rights Watch (HRW) incluyó este caso en el informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México.

De acuerdo con el informe de la CNDH, José Humberto y Lucio Barajas fueron detenidos por policías de Santa Catarina y trasladados a la Secretaría municipal de Seguridad Pública. De ahí, un grupo de agentes —entre los que estaba el titular de la dependencia, Eduardo Murrieta— partieron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicada en el municipo General Escobedo.

En el trayecto, un grupo de hombres armados atacó al cuerpo de seguridad. Dos escoltas del funcionario murieron, y un policía y Barajas resultaron heridos. La Marina intervino, ofreció apoyo y trasladó en un helicóptero a los detenidos y lesionados al Hospital Universitario, en Monterrey.

Según información recabada por la CNDH, la Semar proporcionó apoyo y traslado al hospital, donde dejaron a los detenidos a disposición de Murrieta; éste, sin embargo, indicó a la Comisión que fue separado del resto del grupo, mientras que Márquez Compeán permaneció con los marinos en calidad de detenido. Barajas, el otro detenido, fue liberado el 24 de marzo de 2010, según la recomendación de la CNDH.

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Murrieta renunció a la Secretaría de Seguridad Pública el 30 de abril de 2010. CNNMéxico no pudo localizarlo para conocer su versión sobre lo sucedido.

En la recomendación emitida, la CNDH concluyó que el cadáver de Márquez Compeán presentaba “muestras físicas que son particulares de sujetos que han sufrido tortura” y que fue “víctima de tortura previa a su muerte, muy probablemente por los servidores públicos de la Armada de México".

También señaló que el hombre había sido asfixiado y que le habían colocado drogas en el cuerpo con el objetivo de "dejar señales de que la misma se trataba de un homicidio más, que tenía vinculación con el narcomenudeo y la situación de inseguridad y violencia que actualmente se vive en el estado de Nuevo León".

“Querían sacar una verdad que en nigún momento él sabía, porque él no había hecho nada. Él era inocente”, dice a CNNMéxico la madre del fallecido, quien se desempeña como intendente en una tienda.

José Humberto era el único sustento económico de la familia, dice su madre, quien ante la mala situación financiera acudió al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Santa Catarina, para solicitar despensas para los tres hijos y la esposa que sobreviven al albañil, pero ella dice que sólo la ayudaron en una ocasión.

La madre fue a identificar el cuerpo de su hijo en el anfiteatro del Hospital Universitario, donde se encuentra el Servicio Médico Forense (Semefo), y constató que tenía lesiones.

“Lo golpearon, lo martirizaron, lo ahogaron, le hicieron toda clase de torturas”, enfatiza la madre, “(su muerte) quedó impune”.

El albañil recibió múltiples lesiones, en el cráneo, tórax y abdomen, producidas por “abuso de fuerza por terceras personas” que “causaron su muerte”, según la autopsia 692-2010, realizada por la Procuraduría de Nuevo León y consignada en la recomendación de la CNDH - y no en la comisión local - porque las presuntas violaciones las cometió una autoridad federal.

La familia espera la reparación del daño

El organismo instó en su recomendación a que la Semar tomara “las medidas necesarias para indemnizar y reparar los daños y perjuicios ocasionados a los familiares” del fallecido, “que se traduzca en una compensación justa y suficiente para los deudos” y “se brinde la atención psicológica y/o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva”. La madre del fallecido dice que su familia no ha recibido lo anterior.

La CNDH solicitó a la Semar que también colaborara en la denuncia de hechos presentada por el organismo ante la PGR y la Procuraduría General de Justicia Militar para iniciar la investigación contra los servidores públicos involucrados.

CNNMéxico solicitó a la Semar datos sobre la investigación, pero hasta este lunes la petición seguía “en acuerdo”, como informó un funcionario de la vocería. En la página web de la institución se indica que el caso “se dio vista a la Inspección y Contraloría General de Marina a fin de que se investigue a los servidores públicos que participaron en los hechos”.

El subdirector de Información de la CNDH, Lázaro Serranía, señala a CNNMéxico que el estado de la recomendación, a cinco meses de que la Semar la aceptara, es "pendiente".

El artículo 46 de la Ley de la Comisión indica que una vez aceptada la recomendación, las autoridades tienen un plazo inicial de 15 días para entregar pruebas de que la cumplieron. Sin embargo, la fecha podrá ampliarse "cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite".

Serranía señala que esta es una "indefinición" en la Ley de la CNDH. El mismo marco jurídico sostiene que las recomendaciones no tienen un "carácter imperativo" para las autoridades.

El organismo además instó al municipio de Santa Catarina a que colaborara con la PGR. El secretario del ayuntamiento, Arturo Cavazos Leal, informó a CNNMéxico que el municipio aceptó la recomendación, pero que no volvió a “tener ninguna notificación por parte de la Procuraduría”.

En el informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la 'guerra contra el narcotráfico' de México, presentado el pasado 9 de noviembre, HRW documentó 170 casos de tortura y 24 ejecuciones extrajudiciales en México. El objetivo de la tortura, según la organización, es conseguir información sobre la delincuencia organizada y obtener confesiones por la fuerza; en las ejecuciones extrajudiciales, sostiene que “en la mayoría de estos casos, la escena del crimen fue manipulada por soldados y policías con la finalidad de presentar falsamente a las víctimas como agresores armados o encubrir el uso excesivo de la fuerza”.

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