Gobierno de México analiza acciones legales contra demandantes en La Haya
Después de que un grupo de mexicanos demandara al presidente Felipe Calderón y a su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, el gobierno de México aseguró que explora las alternativas para proceder legalmente contra quienes interpusieron la querella.
“Las imputaciones al gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes (…) constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no solo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México.
“El gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”, indicó la Presidencia en un comunicado.
Felipe Calderón y su gabinete de seguridad fueron demandados ante la Corte Penal Internacional (CPI) este viernes como responsables de la "crisis humanitaria" en la que se cometen "tanto crímenes de guerra como de lesa humanidad" en México.
Además del mandatario, ante el máximo tribunal internacional de La Haya fueron demandados los secretarios de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; de la Marina Armada de México, Francisco Saynez, así como el líder del cártel del Pacífico, Joaquín El Chapo Guzmán.
La querella, presentada por el abogado mexicano Netzai Sandoval, fue recibida en la oficina del fiscal Luis Moreno Ocampo, con un documento de 700 cuartillas en el que según el abogado que la entregó, presentan pruebas de las “violaciones sistemáticas y generalizadas” a derechos humanos en el país.
“Es absurdo siquiera tratar de equiparar lo que un Gobierno democrático hace para preservar la ley y defender a las familias de los criminales, con delitos de lesa humanidad que son cometidos por Estados autoritarios, orientados al exterminio de una población por razones étnicas, religiosas o políticas”, señaló la Presidencia este domingo.
“Ese no es el caso de México que tiene una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, con instituciones de derechos humanos autónomas y un sistema de libertades y garantías y vigencia de derechos humanos como pocas naciones en desarrollo”.
“La estrategia del Gobierno Federal tiene tres componentes básicos: 1) Enfrentar y someter a los criminales; 2) reconstruir las instituciones encargadas de aplicar la ley, a través de la depuración y fortalecimiento de policías y ministerios públicos, y 3) reconstruir el tejido social a través de una sólida política de prevención”, detalló el gobierno.
La denuncia fue firmada por 18,700 mexicanos en su versión en línea y, según Sandoval, por 5,000 más de forma autógrafa, entre los que se encuentran intelectuales, periodistas y defensores de derechos humanos.
El abogado presentó 470 casos de presuntos abusos y violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, cometidos desde diciembre de 2006, cuando el presidente Calderón lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad para combatir al crimen organizado.
La demanda apelará el artículo 28 del Estatuto de Roma –tratado ratificado por México en 2005– que indica que “el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando”.
