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Gobierno desiste de actuar legalmente contra críticos de lucha anticrimen

Cada funcionario decidirá a título personal si se defiende de las acusaciones contenidas en la demanda entregada a La Haya, indicó
vie 02 diciembre 2011 09:37 PM
Soldados
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El gobierno de México desistió de proceder legalmente contra las personas que impulsan una demanda internacional contra la estrategia oficial de seguridad, cuyos argumentos fueron calificados de “calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”.

“El gobierno de la República no procederá en ninguna forma y por ningún conducto en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones de esta administración”, señaló en un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia responsable de la política interior.

“Derivado del análisis de alternativas realizado por el gobierno federal, corresponderá a cada funcionario público, a título personal, defender sus derechos y garantías individuales en respuesta a las imputaciones calumniosas vertidas ante la opinión pública nacional e internacional”, agregó.

El 25 de noviembre, el abogado mexicano Netzaí Sandoval presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda — apoyada por 23,000 personas — en la que acusa al presidente Felipe Calderón y a miembros de su gabinete de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad con la actual estrategia anticrimen.

Dos días después, la Presidencia de la República señaló que esas imputaciones “son claramente infundadas e improcedentes”, pero advirtió que analizaba “todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”, dado que esas afirmaciones son “calumniosas”.

En respuesta, unos 120 ciudadanos —entre los que había partidarios de la demanda— protestaron esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) y simularon entregarse a las autoridades. Manifestantes como el productor Epigmenio Ibarra y el académico John Ackerman aseguraron que el gobierno amenaza a quienes ejercen su libertad de expresión.

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En el comunicado de este viernes, sin embargo, Gobernación sostuvo que las autoridades tienen “respeto a la libertad de expresión y su absoluta tolerancia a la crítica, la pluralidad y el disenso en nuestro país”.

“El gobierno federal no ha perseguido ni perseguirá a las personas que ejercen su derecho a la libre expresión, que incluye el disenso con la Estrategia de Nacional de Seguridad”, aseguró.

La demanda presentada ante la CPI, en La Haya, Holanda, argumenta que Calderón y su gabinete no han actuado sobre las fuerzas de seguridad bajo su mando, que han incurrido en violaciones a los derechos humanos. La denuncia — que es analizada por el fiscal del tribunal, Luis Moreno Ocampo — también incluye al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.

En diciembre de 2006, al inicio del mandato de Calderón, el gobierno inició una ofensiva armada contra la delincuencia. Las autoridades afirman que la medida ha tenido resultados positivos, peros sus detractores creen que ha incrementado la violencia en el país.

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