Hasta 10 años de cárcel, castigo para servidores que "retengan" inocentes
La Cámara de Diputados de México aprobó este martes reformas al Código Penal Federal para castigar hasta con 10 años de cárcel a jueces, policías y ministerios públicos que "retengan o encarcelen" a personas que al final de un proceso penal resulten inocentes.
La medida, avalada por mayoría, busca que se sancione al servidor público del sistema de procuración e impartición de justicia que "por culpa grave o negligencia inexcusable" ejecute actos o incurra en omisiones que deriven en detenciones sin fundamento, reportó la agencia EFE.
La reforma establece penas de dos a cuatro años de prisión y multas de hasta 4,000 días de salario mínimo (unos 17,700 dólares), dinero que se entregaría al afectado para reparar el daño causado.
Cuando la conducta sea con dolo, es decir, cuando las autoridades presionen a una víctima, la pena será de 10 años, indicó EFE.
México gasta cada año en promedio unos 2,000 millones de pesos en la manutención de presos no sentenciados, y la mitad de ellos quedará en libertad por falta de pruebas o por ser inocentes, según estudios elaborados por expertos en sistema penitenciario mexicano.
La cifra es superior al costo de las elecciones presidenciales del próximo año —1,700 millones de pesos según el Instituto Federal Electoral (IFE).
Cada año inician en México unos 250,000 juicios, cuyos procesos duran en promedio 160 días, aunque pueden prolongarse durante años.
Para el diputado Eduardo Yáñez, promotor de la reforma, lo que se pretende es evitar la frase "usted disculpe" a una víctima de las autoridades, informó EFE. El legislador consideró necesario ajustarse al principio establecido en los tratados internacionales que precisan que "a toda persona debe ser considerada inocente, hasta no probar lo contrario".
Recordó que en México existen varios casos de injusticias, como el de Antonio Zúñiga, protagonista del documental Presunto culpable, quien fue encarcelado dos años por un crimen que no cometió.
Otro ejemplo es el de las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, detenidas en marzo de 2006 y acusadas de secuestro y posesión de cocaína, y liberadas por falta de pruebas en 2010.
"En la actualidad hay 227,000 presos en cárceles mexicanas, se estima que 97,000 de ellos son inocentes, pero en la práctica están en la cárcel padeciendo como si fueran culpables", dijo el profesor investigador de la universidad ITESO, Guillermo Zepeda, en entrevista con CNNMéxico a principios de noviembre.
El diputado Leonardo Guillén reconoció que el sistema de justicia penal se ha caracterizado "por ser lento y no garantizar el derecho que cada persona tiene de ser considerado inocente durante el desarrollo de la investigación y durante el juicio".
"Muchas personas inocentes pueden pasar años en la cárcel sin que se les dicte sentencia y se muestre que verdaderamente cometieron un delito", dijo.
En tanto, la diputada izquierdista Juanita Cruz declaró que algunos funcionarios, al sentir presión de la sociedad y los medios, "de forma dolosa señalan a cualquier persona fabricándoles delitos o hechos que no cometieron para ponerlo a disposición del juez".
