Dos ecologistas son secuestrados por hombres armados en Guerrero
Dos ecologistas de la zona serrana de Guerrero, estado ubicado al sur de México, fueron secuestrados por hombres armados cuando se trasladaban en un autobús de pasajeros sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
El reporte oficial de la dependencia precisa que los activistas secuestrados son Eva Alarcón y Miguel Marcial Bautista de Valle, pertenecientes a la Organización Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán , que abarca a las regiones de la Costa Grande y Tierra Caliente de Guerrero, ambas colindantes con Michoacán.
Los hechos se registraron la noche del martes, cuando la pareja se trasladaba en un autobús de pasajeros con el número económico 2728. Al momento de circular por la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la cabecera municipal de Tecpan de Galeana hombres armados los interceptaron.
Los agresores ingresaron y bajaron a la fuerza a los dos ambientalistas, de acuerdo con el reporte policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
Hasta el momento se desconoce la ubicación de los dos activistas, y tampoco se ha solicitado rescate por ellos. Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y federal realizan un operativo para su búsqueda.
Movimiento por la Paz condena el hecho
En un comunicado, integrantes del Movimiento por la Paz condenaron el hecho al que calificaron de alarmante, pues es una muestra, dicen, de las condiciones en las que trabajan los defensores de los derechos humanos en los estados de Guerrero y Michoacán.
Este martes, un comando armado interceptó a 18 integrantes del Movimiento por la Paz en la comunidad de Ostula, Michoacán. Todos fueron amagados, y uno de ellos fue secuestrado: Trinidad de la Cruz Crisóforo, conocido como Trino, de quién desconocen su paradero hasta el momento.
“Condenamos este 'secuestro' de Trino, Eva y Marcial y manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que las y los defensores de derechos humanos están llevando a cabo su labor, al mismo tiempo hacemos un llamado para la urgente implementación del mecanismo de protección a defensores que fue solicitado en los Diálogos con el Poder Ejecutivo en meses pasados, y que fue decretado el 6 de julio de 2011”, precisa el mensaje emitido por este movimiento.
De acuerdo al Movimiento por la Paz, los defensores ambientalistas Eva Alarcón y Marcial Bautista se dirigían a Chilpancingo, capital de Guerrero, para después trasladarse a la Ciudad de México.
Ambos habían solicitado ya al gobierno federal y de Guerrero medidas de protección ante las amenazas que han recibido, además de que expusieron ante el presidente de México, Felipe Calderón en el primer Diálogo, la problemática que existe en la zona de La Sierra, en el municipio de Petatlán, sobre temas ambientales y grupos paramilitares.
“Exigimos al gobierno federal y estatal de Michoacán y Guerrero, que las autoridades competentes lleven a cabo las investigaciones para encontrar y salvaguardar a nuestro compañero. Defender es un derecho y el Estado tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para su ejercicio”, advirtió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
En Guerrero, el último hecho registrado de agresión directa en contra de un activista fue en abril pasado cuando Javier Torres Cruz, defensor de la sierra de Guerrero, fue asesinado por un grupo de hombres en los límites del poblado La Morena, ubicado en la Costa Grande de esta entidad del sur de México.
Hombres armados emboscaron al ecologista y su hermano, quién resultó herido, mientras circulaba en su automóvil sobre un paraje asentado en la sierra guerrerense.
Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, defendía los bosques del estado. En 2008 denunció penalmente al ganadero y supuesto narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez, a quien versiones periodísticas señalan como un cacique de la región, preso por narcotráfico en el penal de La Palma, la cárcel de máxima seguridad del país. Es acusado de delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Javier Torres también fue uno de los testigos que acusaron a Alba Álvarez de ordenar el crimen de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa Plácido , en 2001. Desde ese momento él y su familia han sufrido amenazas constantes por parte de hombres armados, presuntamente bajo las órdenes de Rogaciano Alba.
