La PGR se deslinda de la investigación sobre los dueños del casino Royale
Investigar la responsabilidad penal contra autoridades municipales y estatales, así como a los dueños del casino Royale por el incendio de agosto pasado corresponde a la fiscalía local, dijo la Procuraduría General de la República (PGR), en un comunicado.
Tres días después de dar a conocer los resultados del peritaje en la casa de apuestas, la PGR aclaró que el inmueble “no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la Normatividad en Materia de Seguridad Industrial y Protección Civil”.
Antes había dicho que, las medidas de seguridad no fueron determinantes para provocar o contribuir a que la tragedia en la que fallecieron 52 personas fuera mayor.
En un comunicado, la PGR detalló que corresponde a la Procuraduría de Nuevo León indagar si en la “solicitud y expedición de las licencias de funcionamiento de ese lugar hubo responsabilidad penal atribuible a los propietarios y servidores públicos relacionados; esas investigaciones corresponden a las autoridades locales y podrán encaminarse a indagar respecto de los delitos de fraude específico y ejercicio indebido del servicio público”.
La PGR detalló que está investigando e integrando un expediente por los delitos de delincuencia organizada, uso de documentos falsos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Además de determinar si hay funcionarios del orden federal que pudieran ser responsables tras haber entregado la licencia de funcionamiento del casino.
La procuraduría estatal y la PGR informaron este martes en conferencia de prensa que la muerte de las 52 personas no se hubiera podido evitar pese a que el casino Royale hubiese cumplido cabalmente con las medidas de seguridad.
“Al momento de los hechos, (el casino) cumplía parcialmente con mandatos nacionales sobre medidas de seguridad. Aún cuando hubiera cumplido fehacientemente, no hubiera sido posible salvar al lugar del siniestro. La causa determinante fue la gasolina”, dijo entonces el procurador del estado, Adrián de la Garza.
Esa versión fue apoyada por José Cuitláhuac Salinas, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la PGR.
“Las actividades realizadas por los sujetos imposibilitaron la salida de las personas que se encontraban en el casino ese día. El motivo fundamental, la causa de la muerte fue asfixia por sofocación. El incendio provocado y los elementos utilizados para la realización del incendio fue lo que provocó que la gente se resguardara y encontrara el desenlace fatal”.
El miércoles, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, reiteró ante medios de comunicación que el casino no cumplía con reglas municipales de desarrollo urbano.
El 25 de agosto pasado, un grupo armado irrumpió en el casino Royale , roció gasolina y lo incendió, lo que provocó la muerte de 52 personas.
Las autoridades vincularon los hechos a una represalia de parte del grupo delictivo de Los Zetas a los dueños de la casa de apuestas, que se negaron a pagar la extorsión. Algunos de los detenidos por el ataque declararon que sólo querían darles “un susto”.