El Estado mexicano pide perdón a una indígena violada por militares
Nueve años después de que Valentina Rosendo Cantú denunció que fue violada por militares y que no tuvo acceso a la justicia, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional en el delito y pidió perdón a la indígena de la comunidad Me’phaa.
“El estado no la protegió ni le procuró justicia, hoy el estado mexicano reconoce su responsabilidad y actúa en consecuencia (…) Y a sabiendas que parte de su sufrimiento es irreparable, esperamos que para usted, para la pequeña Yenis y su familia, este acto se traduzca en una mínima expresión de justicia”, dijo el titular de Gobernación, Alejandro Poiré, al acatar una parte de la sentencia del 1 de octubre de 2010, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) condenó al Estado mexicano por la violación .
En febrero de 2002, cuando Valentina tenía 17 años, un grupo de militares la rodeó para preguntarle sobre la ubicación de supuestos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), una guerrilla establecida en Guerrero desde 1996.
Al no recibir respuesta, los militares se turnaron para violarla.
Valentina detalló este jueves, en el acto de reconocimiento público de la responsabilidad del Estado, que el médico de su comunidad se negó a atenderla y que tuvo que caminar ocho horas con su pequeña hija en brazos para llegar a otro hospital, donde también se enfrentó al rechazo.
“Tras cinco años de buscar justicia en México. En 2007 fuimos a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) de Washington. Pasaron años, pero siguió firme la esperanza de que los militares sean juzgados, recibíamos amenazas (…) Pero esa verdad llegó hasta aquí”, dijo Valentina.
La sentencia de la CoIDH además de reconocer la responsabilidad de militares en los ataques sexuales, señala que se violó la integridad personal y las garantías judiciales de Valentina, al no haber una investigación adecuada sobre su caso.
El Estado mexicano también tiene pendiente el reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de Inés Fernández Ortega, otra indígena Me’phaa que también fue violada por militares y cuyo caso fue condenado por la misma Corte.
Los indígenas me'phaa son un grupo tlapaneca que habita entre el sur de la Sierra Madre y la costa de Guerrero.
Tanto Inés como Valentina denunciaron sus casos ante las autoridades mexicanas, pero después de varias irregularidades, decidieron llevar sus denuncias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Sigo luchando como mujer. Sigo con la frente en algo, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quién soy. Mujeres, luchar es seguir adelante, romper la cadena de la impunidad”, dijo este jueves Valentina.
En la ceremonia, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, dijo que la lucha sigue y que seguirán trabajando para que los responsables de la violación y tortura de Valentina sean sancionados, y para que la seguridad de la indígena y de su familia esté garantizada.
“Testimonios de vida como el de Valentina deben servir para voltear los ojos hacia ese México olvidado, pisoteado, para empezar a desarrollar políticas públicas que entiendan a los pueblos indígenas, sobre todo a las mujeres indígenas como actoras de su propia historia”, dijo Abel Barrera.
Tanto Valentina como Inés fueron las primeras en hacer válida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de julio pasado para limitar el fuero militar en caso de que las fuerzas armadas cometan violaciones a los derechos humanos.
Las dos indígenas ya solicitaron que su caso sea revisado en un tribunal civil y no en uno militar, como había ocurrido desde que entablaron la demanda.
