La PGR anuncia arraigo a 12 policías por la muerte de alumnos en Guerrero
La Procuraduría General de la República informó que obtuvo el arraigo de seis policías estatales de Guerrero y seis ministeriales relacionados con la muerte de dos alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos durante una manifestación registrada el 12 de diciembre.
A una semana de la muerte de los dos alumnos, que llevó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, a remover del cargo al procurador General de Justicia del estado y al secretario de Seguridad Pública, no se han dado a conocer los resultados de las pruebas periciales de balística para conocer el tipo de arma que disparó a los jóvenes Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría .
El ahora exprocurador General de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, ha cuestionado ante medios por qué no ha sido detenido ni un solo policía federal en las investigaciones, dado que elementos de las fuerzas federales también participaron en el operativo para disolver la manifestación de alumnos en la autopista del Sol, México-Acapulco.
“Una vez analizada la situación jurídica del caso y en estrecha coordinación con las autoridades de Guerrero, se obtuvo de un juez del estado la medida cautelar por un término de 30 días, a partir del 18 de diciembre”, informó la PGR este martes.
La policía federal, así como el estado de Guerrero, han dado a conocer videos del lugar de la manifestación donde se observa que elementos uniformados golpean y persiguen a jóvenes durante la manifestación en los alrededores de una gasolinería, la cual había sido incendiada.
El gobernador Ángel Aguirre pidió la semana pasada en conferencia ante medios que se investigue la posible intención de desastabilizar a su gobierno.
El gobierno estatal de Guerrero y municipal de Chilpancingo ignoran llamado de la CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó este martes que no ha recibido respuesta a la solicitud de medidas cautelares de los gobiernos estatal de Guerrero y municipal de Chilpancingo.
La Comisión informó que durante los acontecimientos ocurridos el 12 de diciembre pasado atribuidos presuntamente a servidores públicos, “se transgredieron derechos a la vida, integridad física y seguridad de al menos 6 víctimas, de las cuales dos perecieron”.
Las medidas que solicitó la CNDH contemplaban la atención a las víctimas de manera urgente con la intervención de médicos, psicólogos y abogados, así como “el resguardo y preservación de pruebas, evidencias e indicios necesarios para esclarecer y deslindar responsabilidades, el acceso a las averiguaciones previas y a las constancias que las integran tales como videos o grabaciones que se tuvieran”.
La CNDH informó que continuará con la investigación del caso y se mantendrá atenta de la actuación de los funcionarios relacionados, sin precisar los nombres y cargos de los responsables.
“La Comisión Nacional hace un llamado para que las medidas cautelares solicitadas se atiendan oportunamente favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las víctimas del abuso de poder”, informó a través de un comunicado.
El organismo reiteró su rechazo a los actos de violencia e informó que mantiene su acompañamiento con los agraviados.