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El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, comparece ante la CNDH

El organismo autónomo investiga los hechos en los que dos estudiantes normalistas murieron tras un enfrentamiento con policías
lun 26 diciembre 2011 02:47 PM
manifestación guerrero ayotzinapa 8
manifestación guerrero ayotzinapa 8

El gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre, compareció este lunes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para que declarara en relación a la muerte dos estudiantes en un enfrentamiento con policías en Chilpancingo, la capital del estado. 

A Aguirre “se le hizo valer su derecho de audiencia para que pudiera manifestar lo que a su derecho convenga”, dijo el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, durante una conferencia de prensa posterior a la comparecencia del gobernador.

La CNDH  utilizó por primera vez su facultad de indagar presuntas violaciones graves a los derechos humanos , que le otorgó la reforma constitucional de junio pasado, esto luego de que Plascencia Villanueva se reunió con alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la que pertenecían los jóvenes muertos durante una manifestación en Chilpancingo el 12 de diciembre.

Aguirre “entregó un documento donde expresa lo que ha realizado su gobierno en materia de derechos humanos” y “se comprometió a la brevedad a emitir una respuesta”, informó Plascencia.

El presidente del organismo autónomo recordó que Aguirre tiene 15 días para que pueda enviar las pruebas correspondientes. “Lo que se quedó pendiente fue la entrega de un informe más pormenorizado de las acciones de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero”, dijo Plascencia.

En la investigación, que también podría llamar a comparecer a funcionarios federales, incluidos de la Secretaría de Seguridad Pública, participan un grupo de 21 visitadores adjuntos, entre peritos y abogados, detalló el presidente del organismo.

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A los funcionarios, incluido Aguirre, la CNDH los investiga por la muerte de los dos estudiantes, por la detención de 24 personas durante la protesta, y por posibles actos de tortura y trato cruel de al menos 15 personas que fueron detenidos en el lugar de los hechos.

Tras los hechos, el gobierno estatal y el federal se acusaron mutuamente de reprimir a los manifestantes. El gobierno estatal publicó un video donde se muestra a policías, a los que identificó como agentes federales, sometiendo con violencia a estudiantes mientras una gasolinera cercana era incendiada.

Sin embargo, diversas fotografías mostraron a presuntos policías estatales apuntando armas largas contra los estudiantes en un punto de la carretera alejado de donde se encontraban los policías federales.

En total, 12 agentes estatales permanecen arraigados por la Procuraduría General de la República, quien también investiga el incidente.

El pasado jueves, compañeros de los estudiantes muertos entregaron al Congreso una solicitud de juicio político contra Aguirre por su presunta responsabilidad en los hechos. Aguirre sostiene que nunca dio la orden de disparar o pidió la presencia de agentes ministeriales en el lugar de la protesta.

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