Un grupo de hombres armados retiene al sacerdote Solalinde en Oaxaca
El sacerdote y defensor de los derechos de migrantes centroamericanos Alejandro Solalinde Guerra fue retenido durante cinco horas este viernes en una comunidad de la sierra Mixe de Oaxaca, por un grupo de hombres armados, por lo que fue rescatado por agentes de la Policía Federal.
El coordinador del Albergue para Migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ciudad Ixtepec, a unos 300 kilómetros al sureste de la capital del estado de Oaxaca, estuvo durante el viernes en la comunidad de Nuevo Santiago Tutla, comunidad Mixe que pertenece al municipio de San Juan Mazatlán, de visita en la casa de una familia, pero al tratar de retirarse, un grupo de hombres armados se lo impidió.
Posteriormente, a las 16:00 horas lo internaron en la cárcel municipal, al igual que a dos policías estatales que lo acompañan como sus escoltas personales, a quienes desarmaron. Uno de ellos logró comunicarse con la Policía Federal y cinco horas después los rescataron.
Solalinde Guerra, quien además es coordinador de Movilidad Humana de la Diócesis de Tehuantepec, dijo a la prensa que cuando intento salir de Nuevo Santiago Tutla, hombres armados le obstaculizaron el paso, bajo el argumento de que había dicho que pasaría el año nuevo en esa localidad, “lo cual no es verdad”.
Los pobladores se reunieron en asamblea durante lo cual lo interrogaron sobre su presencia en la zona y por su negativa a quedarse hasta pasado año nuevo. Más tarde fue encarcelado.
Agentes de la Policía Federal llegaron a la comunidad como a las nueve de la noche del viernes a rescatarlo y lo acompañaron a la agencia del Ministerio Público de la población de María Lombardo, donde presentó su denuncia penal por privación ilegal de la libertad.
El pasado 17 de diciembre, Alejandro Solalinde Guerra se reunió con la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, quien ordenó a un agente del Ministerio Público de la Federación, comisionado en el estado de Puebla, archivar una averiguación previa iniciada en contra de Solalinde, como presunto responsable del delito de abandono de persona, en agravio de un migrante guatemalteco, a quien no pudo trasladar a la ciudad de México para recibir atención médica.
Solalinde dijo en aquella ocasión que se trató de un acto de acoso por parte del gobierno federal por su trabajo a favor de los migrantes, ya que fueron funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes asesoraron al indígena guatemalteco a que lo denunciara penalmente, luego de que fue asegurado en un puesto de revisión instalado en el estado de Puebla, cuando se trasladaba a la ciudad de México.