Policías causaron la muerte de estudiantes en Guerrero: Derechos Humanos

La actuación de policías federales y estatales en la protesta de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 12 de diciembre pasado, puso "en peligro vidas humanas y generó la muerte de dos manifestantes, así como heridas en cuatro más", concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en un informe preliminar sobre los hechos.

Los elementos policiales que intentaron frenar la manifestación de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos , de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero, protagonizaron "violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad", cita el reporte que presentó este lunes el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

El funcionario detalló que la indagatoria, a cargo de un equipo de 21 visitadores adjuntos, permite concluir, hasta el momento, que los manifestantes no portaban armas de fuego y que hubo un uso indiscriminado de la fuerza.

Según la línea del tiempo de los hechos dada a conocer por la CNDH, desde que comenzó la concentración de normalistas —a las 11:30 de la mañana— y hasta que los estudiantes  Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fallecieron , pasó aproximadamente una hora.

La primera autoridad en llegar a la zona de la manifestación fueron policías federales, dijo Plascencia, quien indicó que 20 minutos después de iniciado el bloqueo de normalistas, un contingente de la Policía Federal, al mando del subinspector de la División de Seguridad Regional, ofreció instalar una mesa de trabajo entre estudiantes y el gobernador de Guerrero, que no se concretó.

Esta versión contradice lo declarado por José Ramón Salinas, director de Comunicación Social de la Policía Federal, quien aseguró un día después de la protesta, que además de no haber sido los primeros en llegar , "no tenemos la autoridad para iniciar el diálogo con los manifestantes".

La CNDH documentó que a las 12:10, aproximadamente, policías federales lanzaron la primera granada de gas lacrimógeno, y cinco minutos después, se comenzó "a someter (a los estudiantes) de manera violenta y apuntarles con sus armas", según el reporte.

Algunos testigos dijeron a la comisión que en ese momento ya había policías ministeriales vestidos de civil y sin insignias visibles, portando armas largas; además de que ya habían llegado a la zona policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Guerrero.

Al respecto, el informe preliminar concluye que "existe una muy alta probabilidad" de que los disparos que provocaron la muerte de dos normalistas se hayan realizado desde la zona en la que se ubicaban los policías guerrerenses.

El grupo de normalistas protestaba contra el gobierno estatal para exigir atención a un pliego petitorio que incluía incremento de la cuota diaria de alimentación por estudiante, mejoras de infraestructura en el plantel, aumento de la matrícula, revisión del promedio aprobatorio de primer ingreso y becas para las y los egresados.

La comisión detalló que, según los normalistas, al menos por 15 minutos hubo disparos de arma de fuego, "lapso en el que elementos de las corporaciones policiales perseguían a estudiantes y a otras personas".

Violaciones graves a los derechos humanos

En la manifestación del 12 de diciembre de 2011 participaron aproximadamente 300 normalistas y 165 policías; de ellos, según la CNDH, el 40% portaba armas de fuego.

Los visitadores concluyeron que los cuerpos de seguridad "emplearon de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego, con el objetivo de contener la manifestación", con lo que vulneraron el derecho a la seguridad jurídica de los manifestantes.

La comisión detalla en este informe preliminar que Jorge Alexis Herrera Pino falleció por un "traumatismo craneoencefálico severo" causado por una herida de bala en la cabeza, mientras que Gabriel Echeverría de Jesús falleció por un proyectil que le atravesó el cuello.

Además, se observó que los cuerpos policiales omitieron ayudar a las tres personas que resultaron heridas de bala en los hechos, lo que "evidenció no solamente el desinterés en las víctimas del delito, sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellas".

Tortura y detención arbitraria

Según la diligencia ministerial, un estudiante normalista disparó contra los policías federales y tras verse descubierto por los uniformados, trató de huir y abandonó el arma AK-47 que portaba.

Sin embargo, el normalista detalló a los visitadores que después de ser aprehendido, fue golpeado y separado del grupo de personas detenidas durante la protesta.

"Me preguntaron si yo había disparado un arma, les contesté que no, y me contestaron: 'Pues ahora vas a aprender'. Cuando vi, sacaron un arma larga: 'A ver, ahora vas a aprender con un arma'. Les dije que no, y me comenzaron a golpear con la mano empuñada en el estómago, las costillas, los brazos, me sacaron el aire. Como adentro de la casa estaba baldío, había muchas cosas tiradas, ropa y otras. Me obligaron a poner la mano en el arma, el que estaba conmigo, me obligó a jalar el gatillo, me hicieron disparar seis veces; cada vez que disparaba, la volvían a cargar, ellos decían que el arma tronaba recio, que era cuerno", según el testimonio del normalista que cita el informe preliminar de la CNDH, tras el cual, concluye que el estudiante presenta signos y síntomas positivos de tortura.

La comisión indicó que además de este estudiante, 23 personas más fueron detenidas arbitrariamente y que de éstas 14 fueron víctimas de tratos crueles.

"Existen elementos que permitieron observar violaciones a los derechos humanos a la libertad, integridad y seguridad personal a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son menores de edad, y una es mujer", se menciona en el reporte.

Hace una semana, las organizaciones civiles Red Guerrerense de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan habían presentado otro informe preliminar sobre los hechos, en el que concluyeron que se cometieron violaciones "sin precedentes  en los años recientes".

Además de los dos estudiantes muertos, hubo una tercera víctima: Gonzalo Miguel Rivas Cámara , el trabajador de la gasolinera incendiada  durante la protesta, quien falleció 20 días después.

La CNDH incluyó en el informe preliminar que el Ministerio Público deberá realizar el deslinde de las responsabilidades penales correspondientes, una vez que existe evidencia que muestra que "dos personas encendieron fuego a una de las bombas despachadoras de la gasolinera".

Desde lo ocurrido el 12 de diciembre pasado, los normalistas acusan al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, de ordenar una represión violenta y exigen juicio político en su contra. Incluso han realizado manifestaciones y bloqueos en Chilpancingo, capital del estado, y el viernes, realizaron una marcha hacia la Ciudad de México para manifestarse frente al Congreso de la Unión.

En un comunicado, el gobierno de Guerrero aseguró que acatará y cumplirá "en todos sus términos" las recomendaciones que se desprendan del informe de la CNDH.

"El gobierno de Guerrero ratifica su compromiso de poner a disposición de las autoridades correspondientes a quienes por sus conductas provocaron la violación de garantías constitucionales contra estudiantes de Ayotzinapa", señaló.

Un grupo de diputados federales se reunirá el martes con una comisión de estudiantes de Ayotzinapa, de acuerdo con un cable de la agencia Notimex.