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Autoridades migratorias deportan a guatemaltecos desplazados en México

El Instituto Nacional de Migración y agentes federales detuvieron a 71 desplazados que serán deportados a Guatemala; otros lograron escapar
mar 10 enero 2012 04:53 PM
repatriación guatemaltecos Tenosique
repatriación guatemaltecos Tenosique repatriación guatemaltecos Tenosique

Los desplazados de la Biósfera Maya de Guatemala, refugiados en México desde agosto de 2011 , serán deportados a su país luego de más de cuatro meses en que los ciuadadanos de Guatemala permanecieron en los terrenos del Ejido Nuevo Progreso, en el estado de Tabasco, a unos 300 metros de la línea limítrofe entre ambos países. Habían sido desalojados del poblado Nueva Esperanza, ubicado en el Petén, Guatemala.

El Instituto Nacional de Migración dio a conocer en un comunicado, que el lunes 9 de enero, llevó a cabo el “un rescate humanitario” de 71 ciudadanos guatemaltecos, porque “vivían en condiciones insalubres, sin acceso a servicios básicos como agua, drenaje y luz; se encontraban en completo abandono y carentes de calidad migratoria vigente”.

El gobierno federal informó que fueron desalojadas por la Policía Nacional Civil de ese país por estar ubicadas de manera irregular en la zona natural protegida de la Sierra Lacandón desde el 23 de agosto de 2011.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, el desalojo se debe a que no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades guatemaltecas para ser reubicados en sus tierras de origen, consideradas como un área natural protegida.

Una historia de desplazamientos y desalojos

El pasado 23 de agosto de 2011, un grupo de 30 familias (60 niños, 96 mujeres, 100 hombres y 30 personas de la tercera edad de acuerdo al censo que llevó a cabo la Secretaría de Gobernación) cruzaron la frontera de México con Guatemala, y se asentaron en un lugar conocido Ejido Nuevo Progreso, en el estado de Tabasco.

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Buscaron refugio en México, huyendo de los policías y militares que los desalojaron  de la aldea Nueva Esperanza, ubicada en la zona del Petén. El ministro de Gobernación de Guatemala, Carlos Menocal, informó en su momento, que esta acción se debió a que estas personas encubrían y participar con grupos dedicados a la delincuencia organizada. Los campesinos negaron las acusaciones. 

Durante cuatro meses recibieron apoyo de organizaciones no gubernamentales de México, así como de la Secretaría de Desarrollo Social y del estado de Tabasco. Las familias de desplazados guatemaltecos, entre ellos las de José Zacarías, José Manuel y Miguel Ángel Pérez, llevaron a cabo negociaciones con el gobierno de su país, con la intensión de ser reubicados en Nueva Esperanza.

De acuerdo con el INM, el 2 y 5 de septiembre se llevaron a cabo reuniones con la Comisión de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación, cuya titular ofreció la posibilidad de que los guatemaltecos solicitaran al Estado Mexicano la condición de refugiados, no obstante dicho ofrecimiento fue rechazado por los centroamericanos.

Rubén Figueroa, colaborador del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, explicó a CNNMéxico que la última reunión con las autoridades de Guatemala tuvo lugar el pasado 4 de enero, en el lugar que ocupa el refugio de los desplazados. Detalló que en esa reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) de México, del Instituto Nacional de Migración, y organizaciones no gubernamentales.

“Los desplazados reiteraron su disposición a ser reubicados, si no en Nueva Esperanza, al menos en algún lugar donde hubiera tierras productivas, donde pudieran ellos sembrar y tener condiciones para su desarrollo”, explicó Figueroa, quien estuvo en el encuentro. 

El activista añadió que el INM insistió en que en tanto llegaban a un acuerdo, los desplazados se asentaran en los terrenos de Guatemala. “Les pidieron recorrerse sólo los 300 metros que separa a ambas naciones en ese lugar. Ellos se negaron, por el temor de sufrir alguna represión, se sentían más seguros en México”.

Rubén Figueroa señaló que no se había logrado llegar a un acuerdo con las autoridades de Guatemala. Sin embargo, hubo disposición de los guatemaltecos para regresar a sus país, siempre y cuando existieran garantías de una reubicación digna, y condiciones de seguridad para no agredidos.

Por ello, dijo que "los tomó por sorpresa" cuando la mañana del pasado 9 de enero llegó al lugar personal del INM acompañados por policías estatales y federales, quienes subieron a camiones principalmente a los niños y mujeres que se encontraban en el refugio, en el marco de un operativo de desalojo que incluyó el desmantelamiento de las chozas provisionales donde se alojaban.

“Algunas personas se escondieron en la maleza, por lo que solo se llevaron a 71 (15 adultos hombres, 11 mujeres, 30 niños y 15 niñas)”.  El INM los traslado a la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Chiapas, en donde según informó Armando Moreno, Cónsul de Guatemala, están en espera de ser deportados a su país. 

Armando Moreno refirió que sus compatriotas permanecerán en la estación migratoria, “hasta que se realicen las diligencias para determinar el municipio y departamento de origen, y completar los trámites ante la Cancillería”. 

Defensores de los derechos humanos, entre ellos del Centro de Derechos Humanos Usumacinta y la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, explicaron en un comunicado que el resto de los desplazados volvió a la zona de Nuevo Progreso, en Tabasco.

Amnistía Internacional exigió que se respeten los derechos humanos de los guatemaltecos desplazados en Tabasco. “Es de grave preocupación que este operativo (del INM) haya resultado en la división de familias, y la desprotección de niños y niñas”, explicó la organización.

Pidió que los actualmente detenidos en la estación migratoria tengan acceso a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales, que puedan comprobar sus circunstancias y verificar que su derechos no hayan sido violados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, la revisión de los ciudadanoss "con pleno respeto a los derechos humanos y preservando la unidad familiar de las familias guatemaltecas".

El pasado 14 de octubre, la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco, dirigió una solicitud formal al Gobierno Federal para que los ciudadanos guatemaltecos salieran de la propiedad ejidal donde se asentaban, informó en Instituto.

Los organismos pidieron al gobierno de México detener la deportación de los guatemaltecos, por considerar que en ese país no existen condiciones para su seguridad, ni tampoco hay algún acuerdo que les dé garantías de que los reubicaran en un lugar donde puedan subsistir.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores interpuso notas diplomáticas al Gobierno de Guatemala, a fin de solicitar una pronta solución a este asunto", informó el INM.

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