En México hay impunidad ante torturas, dice Human Rights Watch
Las golpizas, la asfixia con bolsas de plástico y por ahogamiento, las descargas eléctricas y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas con regularidad por las fuerzas de seguridad mexicanas contra personas acusadas de haber cometido algún delito, indica el Informe Mundial 2012 de Human Rights Watch (HRW), dado a conocer este domingo.
"La tortura continúa representando un problema grave y en general estos hechos se producen en el periodo entre que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público", detalla en su reporte la organización dedicada a defender los derechos humanos.
Esta práctica se ha perpetuado en México porque los jueces aceptan confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos, porque las autoridades no exigen que se practiquen exámenes médicos para evaluar el estado físico y psicológico de las víctimas y porque la mayoría de los casos de tortura no son investigados, dice HRW, que dedica seis de las 73 páginas de su informe al país.
La Secretaria de Gobernación respondió este domingo a HRW en un comunicado en el que detalló que tanto el Ejército, como la Marina y la Fuerza Aérea, desarrollan su trabajo en “estricto apoyo a la estructura de seguridad pública, atendiendo a la problemática particular que pone en riesgo la integridad física de la población”.
Esa instancia agregó que el actuar de las fuerzas federales es apegada a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, anteponiendo la seguridad e integridad de la población.
Human Rights Watch reconoce como un aspecto positivo en México, la reforma constitucional que establece los juicios orales, en los que promoverá "un respeto más amplio de los derechos básicos", como la presunción de inocencia.
En 2008, el Congreso mexicano aprobó diversas reformas en materia judicial para adaptar los juicios orales a la impartición de justicia en el país, pero pocos estados han implementado esta modalidad.
La reforma tiene el propósito de pasar de un sistema de justicia inquisitorio basado en expedientes escritos a uno acusatorio con juicios orales y públicos donde se confronten la autoridad y el abogado defensor con el fin de agilizar los procesos legales, a más tardar en el 2016.
"El Ejército no está preparado"
El reporte de Human Rights Watch también critica la participación del Ejército en la Estrategia Nacional de Seguridad, implementada por el gobierno de Felipe Calderón en diciembre del 2006 para combatir a la delincuencia organizada.
Los militares “han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas”.
Al presentar el informe en El Cairo Egipto, la directora de comunicación de la organización, Emma Daly, dijo que las Fuerzas Armadas mexicanas no están bien entrenadas para combatir a la delincuencia organizada y que gozan de impunidad cuando cometen abusos, según un reporte de la agencia EFE.
"Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia", citó la agencia de noticias.
Entre el 2007 y el 2011 la Procuraduría General de Justicia Militar inició 3,600 investigaciones contra soldados, pero solo 15 han sido condenados en ese periodo, según el informe.
En julio del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó restricciones contra el fuero militar para que miembros de la milicia implicados en casos de violaciones de derechos humanos pudieran ser juzgados en tribunales civiles.
Al respecto, la Segob informó que desde diciembre de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha recibido 6,065 quejas en contra de militares, y que de éstas, sólo el 1.61% han derivado en recomendaciones; mismas que han sido aceptadas e investigadas, agregó.
Más homicidios
En México se ha producido "un incremento alarmante de la cantidad de homicidios" por las pugnas entre delincuentes, indica en su informe HRW, sin ofrecer cifras.
La Estrategia Nacional de Seguridad ha contribuido "a agravar el clima de caos y temor que predomina en muchas regiones del país", de acuerdo con la organización.
Entre diciembre del 2006 y septiembre del 2011 han muerto 47,515 personas por sucesos relacionados con la rivalidad delincuencial , según cifras proporcionadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Tanto delincuentes como miembros de las fuerzas de seguridad atacan deliberadamente a periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes, señala HRW en el informe.
