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Restringir construcción de casinos en Nuevo León fomentará el juego ilegal

La nueva ley que restringe la instalación de casinos en el estado fomentará la proliferación de establecimientos ilegales, afirma experto
mié 25 enero 2012 07:44 AM
casinos Monterrey
casinos Monterrey

Frenar la construcción de casinos en Nuevo León, al norte de México, como lo marca la recién aprobada ley, alentará la clandestinidad, aseguró a CNNMéxico el presidente de la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuesta (AIEJA), Miguel Ángel Ochoa Sánchez.

“La gente seguirá jugando y lo hará si no lo puede hacer en los casinos, de manera clandestina. Entonces nos parece que la solución fue extrema”, dijo, “se van a fortalecer los lugares ilegales, lo que hemos llamado brincos”.

El Congreso de Nuevo León aprobó el pasado 21 de enero reformas a los artículos 23 y 123 de la Constitución estatal con el objetivo de frenar la proliferación de más casinos, centros de apuestas, salas de sorteos y similares en la entidad.

En México existen 561 establecimientos de juegos y sorteos, de los cuales 30 se localizan en Nuevo León, sólo por debajo del Distrito Federal (36) y Baja California (31), según un reporte de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Estas reformas forman parte de un paquete de iniciativas enviadas al Legislativo por el gobernador Rodrigo Medina, tras la tragedia del 25 de agosto de 2011, cuando  una célula de la organización delictiva Los Zetas incendió el casino Royale , donde murieron 52 personas.

Ochoa Sánchez aclara que respeta la soberanía del estado, pero critica estas medidas porque no resuelven “el problema de fondo” de la inseguridad y “pareciera que los culpables de este incendio hubieran sido los casinos”.

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El representante propone, en lugar de frenar el crecimiento de la industria en el país, se reforme la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que permanece sin cambios desde 1947.

Los cambios a la Constitución del estado, para impedir la proliferación de casinos, dividieron opiniones entre los legisladores locales. 

Para el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Fuentes Solís, estas reformas atentan contra los artículos 5 y 28 de la Constitución federal, que contemplan las libertades del ejercicio de una profesión y la libre competencia, respectivamente.

Por su parte, el legislador Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asegura que estas reformas no entran en conflicto con los ordenamientos federales, porque el estado de Nuevo León tiene la facultad de decidir qué giros de negocios pueden establecerse en su territorio.

“No se les está diciendo que sea ilegal su licencia como operadores de centros de apuestas, sino que se les va a impedir en Nuevo León otorgarles el uso de suelo para establecer este tipo de giros”, recalca.

El legislador aclara que los permisos expedidos por autoridades federales para los casinos no serán inválidos, pero que en los 51 municipios que conforman el estado no se les otorgarán permisos de uso de suelo a estos establecimientos.

Industria pujante

Cada año, la industria de los casinos genera alrededor de 3,500 millones de impuestos federales en México, y cerca de 40,000 empleos de manera directa y 120,000 más de forma indirecta, según cifras del presidente de la AIEJA.

La restricción para la proliferación de casinos en Nuevo León representa una estimulación económica para los siete permisionarios que están afiliados al organismo, porque ya no abrá más oferta lúdica en el estado, sin embargo tampoco habrá más inversiones extranjeras importantes, de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, explica Ochoa Sánchez.

60 establecimientos de juegos y apuestas que operaban sin permiso formal en el país fueron clausurados entre septiembre de 2010 y junio de 2011, indica la Secretaría de Gobernación en un reporte. 

En ese periodo, la Segob realizó 4,030 inspecciones ordinarias a sorteos, 73 más a centros de apuestas remotas y 699 a juegos por evento.

27 casinos de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí fueron clausurados por el Ejército  entre agosto y octubre de 2011 en la denominada Operación Escorpión.

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