La elección de 2012, el reto del IFE para recobrar la confianza ciudadana

Cuestionado por su conducción de los anteriores comicios presidenciales en 2006, en las elecciones federales del próximo 1 de julio el Instituto Federal Electoral (IFE) enfrenta el “reto central” de recuperar la confianza de la ciudadanía, de acuerdo con consejeros de la institución.

Hace seis años, el IFE recibió numerosas críticas debido a su actuación. Una de las más fuertes ocurrió el día de la votación cuando, cerca de la medianoche, su entonces presidente, Luis Carlos Ugalde , dijo que la diferencia entre los candidatos Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador era tan estrecha que en ese momento no se podía conocer a un posible ganador.

El anuncio generó dudas sobre la transparencia del proceso y, aunque las autoridades electorales lo declararon válido, López Obrador sostuvo que se había realizado un fraude electoral y desconoció los resultados que dieron el triunfo a Calderón.

“Después del proceso electoral de 2006, la imagen institucional se vio mermada por una serie de acontecimientos que ocurrieron, por la discusión en torno al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)”, dijo Marco Antonio Baños, uno de los actuales nueve consejeros del instituto.

“El IFE sostiene enfáticamente que organizó de manera lícita, de manera legal, las elecciones de 2006, pero no podemos dejar de lado las discusiones postelectorales que se dieron con los actores políticos y, en consecuencia, la institución tiene el reto de recuperar la credibilidad institucional”, agregó.

Una encuesta del diario El Universal publicada el 23 de enero mostró que, de las 32,000 personas que participaron en el ejercicio, únicamente el 43% dijo que confía en los resultados electorales que dará el IFE en julio, mientras el 47% declaró que no lo hace.

Después de las tensiones de 2006, entre 2007 y 2008 los principales partidos acordaron aprobar una reforma electoral que buscaba evitar situaciones anteriores. Uno de sus puntos fue nombrar nuevos consejeros del IFE, dado que era necesario sustituir a los integrantes del árbitro electoral porque los de entonces ya no contaban con la confianza de todas las fuerzas políticas.

Además, la reforma prohibió la compra de espacios en radio y televisión para hacer propaganda, otorgó al IFE el control de los tiempos de los partidos en los medios electrónicos, prohibió los mensajes denigrantes en las campañas políticas y creó un mecanismo para que el instituto atienda rápidamente las quejas por presuntas violaciones a la ley en la materia, conocido como procedimiento especial sancionador.

El objetivo de la reforma —aprobada con el consenso de los principales partidos— era “fortalecer la equidad en la contienda”, dando a todas las fuerzas políticas acceso a los medios y evitando que particulares hicieran proselitismo, dijo el consejero Lorenzo Córdova.

Con la reforma, una de las obligaciones que adquirió el IFE es la de indicar a los concesionarios de la radio y la televisión los mensajes o spots de los partidos que deben transmitir de forma gratuita, así como monitorear que se emitan conforme a la legislación.

Una reforma a prueba

México tendrá este año 16 elecciones: las federales, para renovar la presidencia y el Congreso, y procesos locales en 15 entidades (Campeche, Chiapas, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán).

Aunque las normas derivadas de la reforma ya se aplicaron en los comicios federales de 2009, para elegir Cámara de Diputados, se trata de la primera ocasión en la que se instrumentarán en un proceso presidencial. Por ello, este momento representa “la prueba de fuego definitiva” de la legislación y otro desafío para el IFE, según Córdova.

“(Hay que) demostrar que la reforma es viable, que el modelo introducido por ésta es practicable, que es benéfico para generar lo que era el propósito de la reforma”, dijo Córdova.

“Tendremos alrededor de unos 34 millones de spots que estarán circulando en un universo de 152 días, que van desde el día que empezaron las precampañas ( el 18 de diciembre ) hasta el día de la jornada electoral. Pero aquí la complejidad estriba en que adicionalmente hay 15 estados de la República que tienen elecciones coincidentes con la federal”, señaló Baños.

Aunque reconoció que esa cantidad de trabajo tiene al IFE “sobrecargado”, Córdova sostuvo que el instituto está preparado para enfrentar esas tareas. Agregó que después de los comicios corresponderá al Poder Legislativo revisar si se cambia la ley para transferir algunas de esas labores a otras instituciones.

Desde su aprobación, la reforma electoral de 2007-2008 ha recibido críticas de los concesionarios de medios electrónicos, que anteriormente podían vender espacios a partidos, candidatos e incluso particulares, y afirman que la norma atenta contra la libertad de expresión.

“Los medios se convierten también en actores políticos”, dijo el académico Jorge Javier Romero, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Agregó que la presión de las empresas mediáticas será un “reto político” para el IFE a lo largo del año. 

La primera tarea

De acuerdo con los consejeros, el primer desafío del IFE es cumplir con su obligación de organizar las elecciones federales, para lo que requiere capacitar a los ciudadanos que serán funcionarios de casilla, coordinar la instalación de éstas, vigilar el conteo de los votos y dar a conocer los resultados de la jornada.

“El IFE debe ser la autoridad que contribuya a garantizar que la elección se celebra en paz, se celebra con equidad, que permite que el voto sea libre… no se trata solo, como ya lo hemos demostrado, de hacer una elección organizativamente incuestionable”, dijo el consejero Alfredo Figueroa a finales del año pasado.

Baños estima que para los comicios federales de julio se instalarán alrededor de 146,000 casillas y que en el padrón electoral habrá 84 millones de personas, de las cuales 78 millones cumplirán con todos los requisitos para poder votar.

Según el IFE, la tarea de organizar los comicios se complica en 7,351 lugares del país identificados como zonas de riesgo por la situación de inseguridad, lo que implica un desafío adicional para el órgano.

“Todas las instituciones públicas tienen en la confianza un reto central”, dijo Baños. “(Para recuperarla) tenemos que conducirnos con un principio de rendición de cuentas, de transparencia hacia las actividades que realiza el instituto, de eficacia operativa y técnica”.

En el mismo sentido, Córdova señaló que el IFE solo logrará mejorar su imagen frente a los ciudadanos si cumple con su responsabilidad de organizar elecciones “ciertas, transparentes”, aplica las normas derivadas de la reforma electoral y es “sumamente claro” con las decisiones que toma y las acciones que emprende.

“El instituto electoral hace de la confianza, de la confianza de la sociedad, de la confianza de los actores políticos en su actuación, la savia vital que le permite operar”, dijo Córdova. “Sin la confianza, el IFE simple y llanamente, para decirlo sin medias tintas, está imposibilitado para cumplir adecuadamente su función”.