'Blindar' elecciones no corresponde solo a IFE, dice una de sus consejeras
Lograr un ambiente de seguridad y garantías en las elecciones del próximo 1 de julio es una tarea que no solo corresponde al Instituto Federal Electoral (IFE), pues cada institución del país tiene una responsabilidad para alcanzar ese objetivo, dijo la consejera María Marván Laborde, en entrevista con Rey Rodríguez de CNN en Español.
"Si pensamos que el IFE tiene que ser policía, ministerio público, institución que hace exámenes de seguridad y de toxicología, me parece verdaderamente que le estamos pidiendo al IFE que haga lo que no le toca", consideró.
"Lo que tenemos que hacer es lograr que todas las instituciones de la República funcionen de tal manera y forma que se garantice un proceso electoral".
Sobre el acuerdo aprobado este miércoles por el Instituto para 'blindar' las elecciones del crimen organizado, Marván detalló que éste obliga a los partidos políticos a verificar que sus candidatos no tienen vínculos con la delincuencia.
Para la consejera, no es solo un compendio de "buenas voluntades", pues está acompañado de un marco legal que corresponde aplicar a ciertas instituciones del país.
Los representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticaron que el documento aprobado por el IFE, pues consideran que las medidas son insuficientes.
El PAN, por ejemplo, buscaba que los aspirantes a algún cargo público fueran sometidos a exámenes de confianza y toxicológicos.
"No se incluyen por una cuestión básica de respeto a los derechos humanos, por un lado, y por el otro lado por una cuestión básica de respeto al estado de derecho", explicó Marván.
"No existe ley alguna que faculte al IFE para hacer exámenes de confianza, ni de toxicología, ni de antidoping, hasta donde yo sé, en ningún país del mundo se hacen ese tipo de exámenes".
Especialistas han señalado que las campañas políticas de este año corren el riesgo de contaminarse con dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción o cualquier otro tipo de delito.
En tanto, los diputados analizan la aprobación de una ley contra el lavado de dinero , la cual establece hasta 10 años de cárcel para empresarios que oculten, manipulen o falsifiquen información para encubrir dicha actividad.
Luego de las elecciones en Michoacán en noviembre de 2011, e l gobierno federal reconoció la intervención del crimen organizado en el proceso, luego de que un alcalde panista fue asesinado durante un acto de proselitismo y de que se publicara en un diario local una amenaza contra los simpatizantes panistas.
