Un juez libera otra orden de aprehensión contra exgobernador de Chiapas
Un juez estatal libró la cuarta orden de aprehensión contra el exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, por otro caso de los 35 recién nacidos que murieron entre 2002 y 2003 en un hospital del municipio de Comitán, ubicado al sureste del estado.
Actualmente, el exfuncionario está siendo procesado por el delito de homicidio doloso de los bebés Guadalupe Silvestre Vázquez, Arturo Enrique Hernández Solís y los gemelos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro , según un comunicado emitido este martes por el gobierno del estado.
La muerte de los recién nacidos fue supuestamente provocada por la "inexistencia de recursos públicos" que derivó en "falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos", de acuerdo con las autoridades estatales.
La nueva orden fue ejecutada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas el mismo día en que Salazar Mendiguchía obtuvo un amparo de un juez federal para que se defina cuáles son los delitos por los que debe ser juzgado, ya que también enfrenta procesos por la probable comisión de delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, según un reporte de este martes de la agencia Notimex.
Al respecto del caso de los recién nacidos, Salazar Mendiguchía ha dicho que se siente en "completa indefensión", pues considera que está siendo juzgado dos veces por el mismo hecho, ya que en 2004, la entonces Fiscalía General de Justicia del Estado resolvió el no ejercicio de la acción penal.
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público para la nueva orden de aprehensión, se encuentra la recomendación emitida en 2004 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La organización concluyó que las muertes de los 35 bebés fueron provocadas por inadecuados servicios de salud y omisiones por parte del personal médico del hospital.
Además, se incluyen los informes de las secretarías de Hacienda y Salud estatal, que supuestamente constatan que fuera del presupuesto para servicios básicos, no se incluyeron más recursos para inversión en infraestructura y equipamiento.
Ángeles Mariscal contribuyó con este reporte
