Siete de cada 10 reos federales purgan condenas en cárceles estatales

Siete de cada 10 reos que deberían estar en cárceles federales en México por delitos vinculados al narcotráfico, entre otros, están recluidos en penales estatales, reconoció en conferencia de prensa el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

De los 230,943 reclusos que actualmente purgan una pena en el país, 47,816 son delincuentes del fuero federal, pero solo el 38% de esta cifra permanece en una cárcel federal.

Para expertos en derecho penal, esta situación aunada a la sobrepoblación —algunos penales tienen el triple de su capacidad— derivan en violencia y autogobierno al interior.

Martín Barrón Cruz, maestro en Ciencias Penales con especialidad en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INCP), explicó a CNNMéxico que debido a la falta de espacios, los reos que deberían estar en penales federales son trasladados a cárceles estatales, en áreas “habilitadas” como de máxima seguridad.

"Estamos dejando muchas de estas acciones (cuidado y rehabilitación de internos vinculados al crimen organizado), en manos de los reclusorios estatales, ese es quizá uno de los grandes problemas", dijo.

En diciembre pasado, cuando tres reos de alta peligrosidad se fugaron de un penal estatal  localizado en el poblado de Puente Grande, Jalisco, el comisario de Prevención y Readaptación Social del centro, José González Jiménez, se quejó de la  “innumerable” cantidad de reos que purgan delitos del orden federal y que han sido encomendados a la cárcel a su cargo.

“Operamos con una sobrepoblación desmedida… hay una cifra de custodios muy por debajo que los cánones internacionales nos permiten, de un custodio por número de internos, nos rebasan arriba de 300% los internos”, dijo en conferencia de prensa en aquella ocasión.

El domingo pasado, 44 personas murieron y 30 reos se fugaron en medio de una riña al interior del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León.

Desde 2006, cuando inició el gobierno de Calderón, han ocurrido tragedias similares en penales  de los estados de Baja California, Tamaulipas, Durango y Chihuahua.

“Los motines en cárceles mexicanas no son nuevos, sin embargo, la presencia mayor de la delincuencia organizada está generando universidades del crimen porque se están especializando los reos en la forma de extinguirse entre ellos mismos, de buscar contactos hacia fuera y de afuera hacia adentro”, dijo a CNNMéxico Eduardo Agraz, presidente del Colegio de Doctores en Derecho de Jalisco.

Hasta el 2009, el sistema penitenciario en México presentaba una sobrepoblación promedio de un 30%, según una investigación efectuada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero en cinco de los 251 penales estatales revisados por la Comisión, la sobrepoblación superó al triple de su capacidad; mientras que en otros 25 superó el doble.

El caso más crítico lo encontraron en el Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Navolato, con un 230% de sobrepoblación, según la investigación de la CNDH.

"La sobrepoblación altera el funcionamiento de las cárceles, lo que dificulta mantener el orden y propia el autogobierno… como resultado aumenta la violencia al interior de los centros y el tráfico de sustancias prohibidas", señala el informe del órgano protector de los derechos humanos.

Poiré dijo en la conferencia de prensa que es necesario acelerar las reformas al Sistema de Justicia Penal, para conseguir pronto la liberación de delincuentes menores, quienes pueden pasar meses o años antes de recibir una sentencia.

En noviembre pasado, el profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, Guillermo Zepeda, dijo a CNNMéxico que unos 97,000 reos en cárceles mexicanas se presumen inocentes .

Señaló que el 70% de los recursos del sistema penal se destinan a los delitos de bajo impacto; así, una persona acusada del robo de unas galletas podría pasar en promedio tres meses en prisión y al final salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 9,000 pesos.

Pero el gobierno federal habría invertido en él 140 pesos diarios para su manutención, según el investigador.

Corrupción, la fuente del problema carcelario

En tanto, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, aseguró este miércoles que las fugas e incidentes violentos en cárceles mexicanas se deben más a la corrupción que a la sobrepoblación.

“No corresponde que las fugas sean por la perspectiva de sobrepoblación (…) En todos los casos ha habido gente que les abre la puerta o les da acceso a los criminales para que tengan ventaja”, dijo García Luna en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga de Radio Fórmula.

El funcionario detalló que cinco entidades concentran casi el 50% de la custodia total de reos locales y federales en el país: Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora. Sin embargo, “ahí no ha habido incidentes de este tipo”, dijo García Luna.

El secretario dijo que un ejemplo de la corrupción es la fuga del líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán, quien escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en 2011.

“(En el caso El Chapo Guzmán) la fuga fue justo porque les abren la puerta. En todos los casos fue por corrupción”, dijo.

García Luna lamentó que pese a que el Gobierno federal construye nuevas cárceles, su operación depende de un presupuesto y una iniciativa de operación que se encuentra atorada en el Congreso, afirmó.

“Es un tema clave. Por lo menos cinco años me ha tocado estar en el Congreso para explicarlo (…) se requiere una revisión estructural de todo el proceso (penitenciario). No puede ser algo coyuntural”, dijo.

Combatir rezago

El secretario de Gobernación anunció que este año el gobierno federal invertirá en el país 32,800 millones de pesos para construir ocho nuevos centros penitenciarios y seis Centros Federales de Readaptación Social, para llegar a un total de 12 en la presente administración.

“Como parte de este compromiso, el objetivo de la Secretaría de Seguridad Pública es que la totalidad de los reos federales estarán bajo resguardo de autoridades federales al final de la administración”, agregó Poiré.

Admitió sin embargo que mayores espacios y mejor manejo de los reos federales no acabará con el problema “de la corrupción, del autogobierno y de la necesidad de depurar debidamente a todas las autoridades de todos los penales”.