El exgobernador de Chiapas Pablo Salazar, ¿un preso político?
El exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, enfrenta siete procesos penales por delitos que van desde homicidio doloso hasta defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante los nueve meses que lleva preso ha logrado interponer cuatro amparos. En dos de estos, el juez no encontró elementos suficientes para enjuiciarlo, por lo que dictaminó su revisión.
Cincuenta y cuatro de sus excolaboradores están involucrados en las acusaciones. En la administración de Salazar Mendiguchía ocuparon puestos en secretarías de gobierno o como directores de área, entre otros cargos. Solo siete han sido detenidos.
El exgobernador se ha defendido a través de las declaraciones ministeriales y públicamente en medios de comunicación, con cartas abiertas y en su cuenta de Twitter, la cual es manejada por su hijo y otros familiares.
Ha dicho que su detención está relacionada con sus aspiraciones de participar en las elecciones de este año para ocupar un escaño en el Senado. “Se me ha dejado en completo estado de indefensión, vulnerando impunemente mis garantías individuales”, dijo a CNNMéxico en agosto del año pasado.
Además, ha denunciado irregularidades administrativas de su sucesor, el actual gobernador Juan Sabines Guerrero, postulado por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Salazar Mendiguchía fue postulado en el 2000 por ocho partidos políticos, incluidos el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en un bloque de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el estado sureño durante siete décadas.
Un grupo de senadores solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se garantice la presunción de inocencia y un proceso adecuado para el exgobernador de Chiapas.
En un encuentro con el ombudsman de México, Raúl Plascencia, los legisladores Carlos Sotelo García, José Luis García Zalvidea y Rubén Velázquez López informaron que tienen previsto crear “un grupo plural” que visite a Pablo Salazar en prisión, indicó un comunicado de la CNDH.
Antecedentes
En mayo de 2011, la extitular del Instituto de la Vivienda en Chiapas, Socorro Domínguez Aguilar, fue detenida por supuestas irregularidades en el ejercicio de recursos destinados a la reconstrucción del estado, tras los daños provocados por el huracán Stan en el 2005.
Pablo Salazar defendió a su ex colaboradora y atribuyó las acusaciones al “encono personal” del gobernador Juan Sabines, en una carta pública emitida ese mismo mes.
Luego, días antes de su detención, en una entrevista con la periodista Carmen Aristegui el 2 de junio de 2011, Salazar dijo que Sabines realizaba desde hacía cuatro años una campaña de desprestigio en su contra a través de los medios de comunicación.
De acuerdo con el político, Sabines lo acusaba por irregularidades en el gasto de los recursos destinados a la reconstrucción, tras el paso de Stan, un año antes que terminara su mandato.
En la misma entrevista, Salazar dijo que para contrarrestar la supuesta campaña de desprestigio editó un folleto donde detallaba el ejercicio de dichos recursos. Planeaba distribuir 50,000 ejemplares gratuitos.
Pero un grupo de personas armadas entró a su oficina en la capital de Chiapas y robó los folletos, por lo que distribuyó el documento vía electrónica, a más de 100,000 contactos. El exgobernador denunció ante la PGR el robo.
Los procesos penales
Pablo Salazar Mendiguchía fue detenido el 7 de junio de 2011 por elementos de la Policía de Chiapas en el aeropuerto de Cancún. Fue trasladado a la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y remitido al penal El Amate.
En aquel momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer el primer proceso penal contra el exgobernador. Los delitos: peculado , ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Las acusaciones incluyeron la compra de un seguro de vida por 104 millones de pesos que supuestamente el exgobernador compró con recursos del erario para él y 54 de sus colaboradores meses antes de terminar su mandato. Los beneficiarios cobraron la póliza del seguro dos meses después de haber dejado la gubernatura, según han reconocido los mismos involucrados y las autoridades.
Derivado de este proceso judicial, se aprehendió y consignó a siete personas: Nelda Rosa Camacho Alayola, ex secretaria de administración; Gabriel Flores Cancino y Daniel Tadeo Romero, jefe de la unidad de apoyo administrativo de la Secretaría del Trabajo y Director de Contabilidad y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del estado de Chiapas; Manuel Miranda Rodas, ex director de los Servicios Educativos para Chiapas; Leonardo Muñoz Arellano, ex subsecretario de Protección Civil; Alfredo Palacios Espinosa, exsecretario de Educación, y William Alfonso Maldonado Maúregui, exdirector del Instituto del Deporte.
A la fecha, existen órdenes de aprehensión contra el resto de los 54 beneficiarios del seguro de vida, quienes se encuentran prófugos. En una carta pública, el exgobernador les pide que se mantengan “escondidos” pues considera que no existen condiciones para un juicio justo.
La PGJE le ha sumado a Pablo Salazar seis procesos penales adicionales:
4 de agosto de 2011 Por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión), derivado de la muerte de los recién nacidos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro, ocurrida en diciembre de 2002 en el Hospital General de la ciudad de Comitán. El argumento judicial es que el exmandatario no destinó recursos para proveer de equipo, medicinas y material a dicha clínica, donde en un periodo de dos meses murieron 35 recién nacidos cuyos padres provienen de zonas con un alto índice de marginación.
19 de octubre de 2011 Por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por haber ordenado la “fabricación de averiguaciones previas” en agravio de Florencio Madariaga Granados y otros exservidores públicos de Chiapas, de la administración del exgobernador Roberto Albores Guillén (1998-2000).
29 de noviembre de 2011 Por el delito de homicidio doloso (comisión por omisión), derivado de la muerte del recién nacido Arturo Enrique Hernández Solís, ocurrida en las mismas condiciones que Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
01 de diciembre de 2011 Por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de su labor como consultor de la empresa Álvarez Puga & Asociados, que provee el servicio de outsourcing. En este proceso se giró una orden de aprehensión contra el director del corporativo, el político del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas, quien también aspiraba a contender por un espacio en el Senado y quien no ha sido detenido, luego de haber obtenido un amparo.
13 de enero de 2012 Por el delito de homicidio doloso, por la muerte de la recién nacida Guadalupe Silvestre Vázquez, ocurrida en las mismas condiciones y lugar que Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
14 de febrero de 2012 Por el delito de homicidio doloso, por la muerte de la recién nacida María José “N”, ocurrida en las mismas condiciones y lugar que Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro.
06 de Febrero de 2012 En caso adicional, la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la PGJE detuvo a José Luis Heberto Paulín Palma, cuñado de Pablo Salazar, acusado de operar un “centro de espionaje” a favor del exgobernador. El ex mandatario dio a conocer que el hermano de su esposa únicamente era el encargado de administrar el blog donde se encuentran sus cartas, denuncias y declaraciones ( http://blog.unocontodos.org )
Amparos ganados
En enero pasado, un juez le otorgó un amparo , al considerar que no estaban fundamentadas las acusaciones por el delito de homicidio doloso, en el caso de la muerte de los recién nacidos Gerardo y Jesús Alejandro Morales Alfaro. La PGJE impugnó esta resolución, proceso que aún no se ha resuelto.
Un segundo amparo a favor dejó sin efecto el aseguramiento de un bien inmueble del exgobernador. Un juez dijo que no encontró elementos para considerar que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita y ordenó su devolución.
El tercer amparo lo concedió un juez federal, éste dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado al exgobernador por el proceso penal por el que originalmente se le apresó, derivado de la compra y cobro del seguro de vida. El juez ordenó a la justicia chiapaneca dictar una nueva resolución en este caso, el cual también fue impugnado por la PGJE
El cuarto amparo declaró inconstitucional el traslado de Pablo Salazar del penal El Amate a una cárcel de Huixtla, ubicada en la frontera con Guatemala, efectuado en agosto de 2011. El 21 de febrero pasado, el gobierno estatal lo regresó al penal El Amate.
