El gobierno de Nuevo León destituye al secretario de Seguridad Pública
El secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Jaime Castañeda Bravo, fue destituido luego de la matanza de 44 reos y la fuga de 30 presos de una cárcel de Apodaca, anunció este viernes el gobernador del estado, Rodrigo Medina.
En una conferencia conjunta con el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el mandatario estatal dio a conocer la designación del militar Javier del Real Magallanes al frente de la dependencia y solo se limitó a decir que Castañeda Bravo cumplió con un ciclo.
El gobernador del estado detalló las acciones a seguir tras los hechos en Apodaca entre las que destacan el traslado de reos federales a cárceles con mayor seguridad, aumento en la investigación al interior de los penales, el reforzamiento de la vigilancia con ayuda de la Policía Federal y la realización de más cateos.
Sin dar una fecha sobre el traslado de los reos, Medina indicó que se llevará a cabo a la brevedad. Los gobernadores han pedido que los reos con delitos federales sean recluidos en cárceles de máxima seguridad.
Por su parte, García Luna dijo que se realizará un esfuerzo conjunto con las autoridades estatales para tener una base de datos actualizada y se pedirá la aplicación de controles de confianza a todos los custodios.
“Debemos tener mayor inversión en la capacidad de las cárceles en los estados”, afirmó García Luna.
En relación a la búsqueda de los reos que escaparon tras el motín del domingo, el gobernador de Nuevo León aseguró que “están volcados” en su localización y recordó que se dieron a conocer sus rostros a la ciudadanía, de la cual, pidió su apoyo.
La madrugada del domingo, 30 reos se fugaron de una cárcel de Apodaca y una riña dejó 44 presos asesinados en el centro penitenciario, el hecho más violento en un penal estatal en Nuevo León.
Las primeras investigaciones señalaron que los reos escaparon con ayuda de funcionarios del penal. Los 30 prófugos son integrantes del grupo criminal de Los Zetas, mientras que los fallecidos formaban parte del Cártel del Golfo.
El gobierno estatal lanzó una alerta nacional e internacional para lograr la recaptura de los reos, y ofreció 10 millones de pesos por datos que ayuden a dar con su paradero.
En mayo del 2011 ocurrió otro incidente en el Cereso de Apodaca : en esa ocasión, se registró un incendio en la sala de psiquiatría en el que murieron 14 internos y otros 35 sufrieron lesiones.
La prisión de Apodaca es de mediana seguridad y alberga a reclusos con delitos del fuero común, dependiente de la administración estatal. Cuenta con alrededor de 3,000 internos, una cifra que rebasa en un 30% su capacidad.